Centrales sindicales proponen que AFP devuelvan ahorros a quienes no califiquen para una pensión

Para Rafael –Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), deberían devolverle el dinero o parte de los ahorros a una cantidad de trabajadores muy significativa que han aportado a las AFP, pero que por la afiliación tardía no lograrán alcanzar una pensión.

“Qué estamos planteando nosotros: como esos trabajadores no le es posible obtener una pensión, sencillamente que a ellos se les devuelvan sus aportes, sino que las AFP se comprometan a que le otorgarán una pensión porque a la hora de la verdad cuando le toque tener una pensión no van a tener las condiciones para disfrutarla”, apuntó Pepe Abreu.

Dijo al Gobierno que hay trabajadores que siendo del sector privado, de una manera accidental o por malas orientaciones, fueron a parar al plan de reparto de Hacienda, a la ley 379.

“Hay trabajadores del sector privado que tienen dinero en Hacienda, en el plan de reparto del Estado, pero cuando van a pedir que ese dinero se les devuelva, le dicen que no porque ese es un plan de reparto", añade.

Rafael –Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), apunta que esos trabajadores que tienen dinero en Hacienda tampoco le pueden asignar una pensión porque esa gente no ha trabajado nunca en el Estado. A esos trabajadores también el Estado debe devolverle los ahorros que tienen en Hacienda.

Dijo además, que muchos trabajadores jóvenes han cotizado en las AFP y fueron despedidos en un momento determinado y no han vuelto a conectar con el campo laboral formal y tienen determinada cantidad de dinero en las AFP.

“Ellos están ahí y si pueden volver a rengancharse en el mercado laboral sigue el descuento y esos se puede ver como normal. Qué nosotros decimos, esos trabajadores tienen ahora urgencias que resolver, entonces, vamos AFP a esos trabajadores en esas condiciones a darle por lo menos una parte de su dinero para que puedan hacer frente a los gastos de esta pandemia”, añadió.

Pepe Abreu habló a través de una conferencia de prensa vía Zoom que ofrecieron las centrales sindicales, donde también participaron los presidentes de las confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y de la Autónomo Sindical Clasista (CASC), Jacobo Ramos y Gabriel del Río, respectivamente.

En ese encuentro las centrales sindicales propusieron una serie de medidas para la clase trabajadora dominicana:

1.- Convocar a los interlocutores nacionales tripartitos para discutir sobre la crisis del empleo, de acuerdo a los convenios 144 de la OIT sobre tripartimos, el 122 sobre política de empleo y la recomendación 205 sobre el empleo y trabajo decente en la paz y la resiliencia.

2.- Convocar al Congreso Nacional y a los interlocutores sociales para reformar la ley 87-01 sobre seguridad social, para hacerla universal, integral, solidaria e inclusiva en general, que recoja la informalidad, la creación del seguro de desempleo, los aportes de las AFP a los trabajadores, que provengan de las grandes ganancias que durante estos años han sido acumuladas, como paliativo a la crisis y las pensiones solidarias, la salud pública, y otros temas de interés general en la seguridad social.

3.- Ajustar el presupuesto extraordinario y elevar el presupuesto en salud.

4.- Incluir en el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleador (FASE) aquellos trabajadores excluidos que fueron suspendidos de sus labores por el empleador.

5.- Igualar la pensión mensual a 10 mil pesos del disuelto IDSS, que hoy está a cargo del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, DGJP.

6.- Que las ARS brinden mayor cobertura a los afiliados positivos con COVID-19 y que sean incluidos subsidiados en el SENASA los trabajadores de difícil cobertura, como la construcción, domesticas, agrícolas migrantes.

7.- Que las personas inactivas con aportes a las AFP, que no alcanzarán una pensión por vejez en CCI-AFP, se le devuelva su dinero acumulado.

8.- Congelar los precios de primera necesidad

9.- Disminuir los pagos de las tarifas eléctricas y combustibles

10.- Congelar el pago de préstamos hipotecario por 3 meses sin intereses y que el pago de los colegios sea nada más hasta marzo 2020.

11.- Garantizar que las necesidades del personal sanitario sean tenidas en cuenta en las medidas de solución del problema, y ofrecer todo el apoyo y los equipos de protección necesarios para que puedan realizar su trabajo de la forma más segura.

12.- Prestar atención a lo que ocurre en los hogares y potenciar el reparto equitativo de la carga de cuidados y de tareas domésticas entre las mujeres y los hombres. Esta es una gran oportunidad para erradicar los estereotipos y los roles de género tan arraigados en la mayoría de las casas de prácticamente todo el mundo.

13.- Garantizar la negociación colectiva por 180 días o hasta que la crisis sea superada, con especial atención a la equidad de género.

14.- Prohibición de la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios temporales durante el tiempo que dure la emergencia, para todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.

15.- En aras de garantizar la estabilidad del empleo y salario, se ha implementado el teletrabajo como respuesta a la parálisis económica; sin embargo, en la región la mayoría de nuestros países no tienen o está insuficientemente regulada; es importante destacar que es fundamental que esta modalidad no precarice y flexibilice las relaciones laborales existentes, por el contrario, debe tener como premisa la garantía del empleo en concordancia con los estándares de la OIT.

16.- Garantizar que las líneas de atención telefónica y los recursos para las mujeres que sufren violencia de género, sean servicios esenciales y que se mantengan siempre a su disposición. Además, es necesario que la administración pública de respuestas a las necesidades de las mujeres y de sus hijos e hijas.