Tras caso de muerte de niño, experto en dopaje sugiere una mayor intervención del Estado
Las leyes 356-05 y la 44-23 esperan por su aplicación; señala que "hace falta voluntad política"
La muerte del niño Ismael Ureña Pérez debe servir de alerta para las distintas entidades y autoridades vinculadas a preservar la salud y protección de la limpieza del deporte dominicano.
Es la consideración que plantea el doctor Neftalí Santana, abogado especializado en derecho deportivo y experto en materia de dopaje.
Ureña Pérez falleció luego de recibir una inyección destinada a caballos y que se le aplicó en la Yordy Cabrera Baseball Academy, razón por la que el director de ese centro, con ese mismo nombre, está sometido.
“Hay que llamar la atención de las autoridades”, dijo Santana. “Hace falta voluntad política y yo creo que el presidente Luis Abinader la tiene”.
Santana apunta a las entidades fundamentales del país para este delicado tema. “El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Deportes tienen que intervenir necesariamente, porque es un daño que se nos está haciendo como país ante la Agencia Mundial Antidopaje, que niños de 14 de 15, 16, 17 años estén siendo dopados por entrenadores perversos. Y eso no puede ser”.
Santana, ligado al deporte por varios años, sugirió que “a eso hay que hacerle frente ya. Debemos unirnos todos para hacerle frente a este mal que nos arropa. La indiferencia es parte de este desastre”.
La República Dominicana tiene las herramientas para poner controles . “Es necesario que se cumpla con el Código Antidopaje 2021; con los tratados internacionales que ha suscrito la República Dominicana con la UNESCO, que se respete la Ley 44-23, norma que rige la Política Nacional Antidopaje de la República Dominicana, desde agosto del año 2023”, señala Santana.
Esta Ley tiene por objeto garantizar la implementación de programas efectivos contra el dopaje en el deporte.
El Código Antidopaje 2021 es un documento que se basa en el programa mundial antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). También está la Ley General de Deportes, 356/05 (LGD) que habla de la obligatoriedad del Estado de participar en el control del dopaje en los atletas a todos los niveles.
La Ley 44-23, promulgada por Abinader en agosto, 2023, es una regla que busca la prevención y persecución de dopaje en el deporte.
Además, de conformidad con la Convención Internacional Contra el Dopaje, el 6 de septiembre del año 2012, el Congreso Nacional ratificó ese convenio firmado por el Gobierno de entonces. “Y nosotros estamos obligados a cumplir con ese mandato constitucional. Y no lo estamos haciendo como mandan las circunstancias”, señaló el profesional.
El mandato de orden constitucional consiste en que la Agencia Nacional Antidopaje (ANA) está creada en base a los requerimientos hechos por la WADA y por la UNESCO, “para garantizar los programas efectivos contra el dopaje en República Dominicana lo cual abarca todos los niveles”, apunta.b
Recientemente la ANA organizó un congreso en el país. En el encuentro surgió el tema de la necesaria intervención Estatal para favorecer con mayores controles la lucha contra el dopaje. “Nos llama a preocupación. Es necesario que el Estado intervenga con más fuerza”, dice. “Y que se legisle para garantizar la implementación de los programas que emanan de la UNESCO. Esa muerte de ese niño es producto de la dejadez de muchos. Y los organismos que están vinculados al movimiento deportivo, ahora más que nunca tienen que tomar cartas en el asunto. No es posible que esto siga sucediendo”.La LGD 356 sigue en gaveta. En su última propuesta de modificación se buscó adecuarla a los nuevos tiempos, pero “aún no se han logrado avances”. Por cierto, dice el abogado, hay una parte de ese proyecto, que se refiere a la WADA.Ese proyecto de modificación de la Ley 356 fue depositado en la Cámara de Diputados, dice y fue aprobado. Después enviado al Senado y luego el Senado la devolvió a la Cámara de Diputados “porque la misma perimió”, por la falta de acuerdo en la Comisión de Deporte de esa instancia. “Cuánta Pena”, dijo.La Ley 44-23 es un reglamento para un mayor control. “La indiferencia, a veces, no nos ayuda. Por eso es necesario que ese proyecto de modificación de Ley 356 se saque de las gavetas en el Poder Legislativo, al igual que el proyecto de reglamento de aplicación a la Ley 44-23, que fue apoderada la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, exactamente hace un año”, señala el jurista.
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