Señalan debilidades en caso de terrenos del Estadio Olímpico Félix Sánchez
Reacción se produce luego del fallo emitido en la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo
Las calidades de los demandantes y el tiempo en que se resolvió el proceso son dos de los temas en los que, según una fuente ligada al proceso, resultan en debilidades en el caso de la demanda de justiprecio sobre una porción de los terrenos del Estadio Olímpico Félix Sánchez.
El pasado 24 mes de marzo, la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, emitió un fallo en contra del Estado, que deberá pagar RD$472,855,675.00 de pesos, a través de Bienes Nacionales al demandante José Ramón Borrell Ponce.
Pero según uno de los incumbentes mencionados en el expediente
“Hay unas calidades de las partes”, que fueron reiteradas en varias ocasiones al Tribunal.
“No podemos a ciencia cierta saber si la parte que está demandando que es el señor (José Ramón) Borrell Ponce tiene un vínculo directo” con quien menciona ser su padre, “y se supone que por el padre es que está heredando”.
Luego “también hay un representante legal en ese caso, que es el señor Pérez Saleta, que se supone que es tío del señor Borrell, pero tampoco se demuestra el vínculo, la calidad”.
En conclusión, sobre este aspecto: “si no hay calidad en un expediente, no puede haber demana de justiprecio”.
“Entonces -sigue- en la sentencia, el tribunal dice que efectivamente comprobaron la calidad, pero ¿en base a qué? No lo argumenta.
Pago, si corresponde
La persona con conocimiento del tema dijo que el Estado no rechaza pagar, siempre que sea a la persona correspondiente y si finalmente se demuestran las calidades.
“No nos oponemos a que se les pague en justiprecio”, dijo la fuente, “pero que el Estado para desembolsar millones de esa magnitud debe realmente estar claro que el demandante Señor Borrell Ponce sea realmente un heredero”.
Otro de los aspectos a tomar en cuenta es el tiempo, señalan. “Nos faltó que el Tribunal nos diera más tiempo porque estamos hablando de un caso que tiene 90 años y de unos demandantes que tienen cinco o seis años, porque lo expresa en el expediente, armando ese expediente para venir entonces en seis meses obligarnos a concluir sin tener una buena investigación sobre ese caso”. El proceso se inició en junio de 2022 y concluyó en marzo pasado. “No es un caso de justiprecio cualquiera, estamos hablando de muchos años y de documentos extranjeros que nos tienen que dar un tiempo para nosotros investigar y saber de dónde salen esos documentos”, apunta la fuente.
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