Los muchos avatares de la necesaria ley de protección integral a las mujeres

Esta historia es parte del especial “Día Internacional de la Mujer” de Diario Libre, realizado por Suhelis Tejero, Margarita Cordero, Tania Molina y Beatriz Bienzobas.

________

Por segunda vez en su mandato de seis meses, el presidente Luis Abinader habló el pasado 27 de febrero sobre su determinación de ejecutar políticas públicas que contribuyan con la erradicación de la violencia de género. Un propósito de largo plazo porque, como demuestran el análisis teórico y la experiencia empírica más allá de todo optimismo, esta violencia tiene un componente sociocultural que impide hacer vaticinios sobre su desaparición en el futuro cercano.

En su discurso de rendición de cuentas, el mandatario retomó los temas sobre los que ya había hablado el 22 de septiembre del pasado año y que no han perdido pertinencia: la intolerancia frente a los feminicidios, el aumento en el número de casas de acogida, la ayuda económica a las víctimas económicamente vulnerables y la especialización en violencia género de una unidad policial. Pero esta vez anunció uno de particular relevancia por su naturaleza y alcance: el envío al Congreso de un proyecto de ley orgánica integral para combatir la violencia de género.

El propósito no es ajeno al ámbito legislativo. Hace alrededor de ocho años, el senador Félix Bautista introdujo un proyecto que, en términos formales, reivindica la integralidad de políticas estatales para enfrentar la violencia de género. Un proyecto frente al cual las feministas reaccionaron por considerarlo un caramelo envenenado: bien visto, representa un claro retroceso en los avances sociales e institucionales de las mujeres.

Aprobado en seis ocasiones en el Senado y perimido en cinco en la Cámara de Diputados, la iniciativa de Bautista fue primero consensuada con los grupos de mujeres, y posteriormente modificada en aspectos nodales para una política efectiva de prevención y protección de las víctimas. Entre ellos, la centralidad de lo punitivo y el papel protagonista de la Procuraduría General de la República en la prevención de la violencia de género, reduciendo a un lugar secundario al Ministerio de la Mujer.

Legisladora abiertamente comprometida con la causa de las mujeres, como lo demostró en la discusión de la reforma constitucional de 2010, la diputada Magda Rodríguez sometió en el 2013 a la Cámara de Diputados un proyecto de ley con distinto enfoque. Más amplio e inclusivo, pone el punto sobre las íes de cuestiones como la identidad de género para discutir abiertamente la cual, y lograr consensos, algunos (y algunas) restan madurez a la sociedad dominicana. Rodríguez parece tenerlo más claro: hace casi tres años, identificó el lobismo de las Iglesias, principalmente la católica, como el principal obstáculo para que su proyecto se convierta en ley.

Hasta dónde los senadores, en cuyo poder están ambas piezas, parecen inclinarse por el de Félix Bautista se infiere de la posición expresada en octubre de 2020 por la presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos de la Familia y Equidad de Género del Senado Melania Salvador (PRM-Bahoruco). Como si desconociera las objeciones de los grupos de mujeres, e incluso de la exministra de la Mujer Janet Camilo y la actual titular del cargo Mayra Jiménez, la senadora valoró positivamente el proyecto del que dijo que protege a las mujeres porque erradica la violencia de género.

Pero el legislativo no ha sido el único ámbito en el que se han presentado o barajado proyectos. El expresidente Danilo Medina se comprometió también con enviar el suyo, y llegó a formarse una comisión redactora con representación de los grupos de mujeres y otras autoridades, bajo la dirección del entonces ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo.

Razones de un relato

¿Por qué llover sobre mojado sobre este tema? Quizá tan solo porque, como recomendara el teórico marxista Antonio Gramsci respecto a otras cuestiones, la actitud más sensata frente a los conflictos sociales, en este caso la erradicación de la violencia de género, es asumir el binomio “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”. El pesimismo de la inteligencia invita, en este caso, a ser cautos en el relato que construye el presidente Abinader sobre las posibilidades y efectividad estatales en la erradicación de este flagelo; el optimismo de la voluntad insufla determinación (y entusiasmo) para adoptar políticas que abran trocha en la maleza de una relación de poder social que inclina el fiel de la balanza a favor de los hombres. Lograr que el primero sirva de acicate al segundo requiere una meridiana claridad de los fines que, aunque lo incluye, trasciende con creces los límites del discurso político.

De ahí que citar los antecedentes legislativos del proyecto que someterá próximamente el presidente Abinader, y que vendría a sumarse a los dos ya en curso, no es superfluo: radiografían la dificultad de articular consensos en un Congreso donde los y las llamados representantes de la sociedad, cuando no son abiertamente conservadores y antiderechos, se acomodan como el caracol en su concha de miedos y complicidades político-ideológicas con los poderes fácticos.

No es lo mismo, y esto debe ser entendido, llegar a acuerdos para la prohibición del matrimonio infantil que cuestionar con una ley practicas socioeconómicas y culturales que sirven de sostén al sistema patriarcal y que, por su misma naturaleza y fines, amenazan el discurso todavía hegemónico de unas Iglesias nucleadas alrededor de grupos de extrema derecha internacional, inventores del falso concepto de “ideología de género”.

La experiencia advierte de que, salvo las excepciones conocidas, los congresistas han sido renuentes a modificar la legislación y las políticas favorables a la autonomía de las mujeres. Desde la discusión del Artículo 30 del proyecto de Constitución de 2010, hasta los recurrentes obstáculos levantados a la despenalización de la interrupción del embarazo por las tres causales, los bloqueos legislativos obligan a un claro trazado de estrategias por el presidente Luis Abinader para evitar que, una vez más, los derechos de las mujeres sean hurtados.

Pasos fundamentales

La inadecuación y obsolescencia de la Ley 24-97 que modificó los códigos Penal y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ha provocado durante los últimos años esfuerzos muy diversos para que la violencia de género sea entendida desde una perspectiva más abarcadora.

En noviembre del año pasado, la presentación por el presidente Abinader del Plan estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, constituyó un paso de avance en el camino de la reformulación y profundización de las políticas públicas contra la violencia de género. Con anterioridad se habían presentado numerosas propuestas, siendo las más exhaustivas tres planes de igualdad y equidad de género, el último de ellos, el PLANEG III, con una vigencia pensada hasta el 2030.

Los diagnósticos sobre la condición de la mujer son abundantes y ricos en aportes conceptuales, pero su asunción como fuente de políticas públicas por el Gobierno, y más aún como propuesta de legislación, exige la coordinación de una gran cantidad de actores y, más que eso, alinear las políticas sectoriales con una visión no aceptada por todos.

Por ejemplo, el Plan estratégico publicado en noviembre tiene como ejes transversales, entre otros urticantes para el conservadurismo, la igualdad étnico-racial, la diversidad sexual, la migración y la diáspora, y entre sus principios rectores la laicidad de la aplicación del plan y la igualdad de género. Pese al reconocimiento casi unánime del papel que juega la educación en la modificación de la cultura de desigualdad entre hombres y mujeres, la orden departamental No. 33-2019 del Ministerio de Educación, que propugna “deconstruir los estereotipos de género”, y que tan airada reacción de los sectores conservadores produjo en su momento, continúa engavetada no obstante reiteración presidencial de su compromiso con el viraje en la realidad de las mujeres.

De lo anterior deriva que una ley de protección integral de las mujeres no es, ni de lejos, la panacea por lo que, sin renunciar al gramsciano optimismo de la voluntad, debería desde ya evitarse crear expectativas fundadas en una ley que, como ha sucedido con muchas otras en nuestra historia reciente, termine siendo papel mojado.