Tras diez días de manifestaciones, campamento por las tres causales se mantiene firme
Organizaciones aseguran que el apoyo al movimiento está en aumento
Diez días después, las diferentes organizaciones sociales que establecieron un campamento frente al Palacio Nacional reclamando la inclusión en el Código Penal de las causales del aborto, permanecen firmes.
Las causales por las que se manifiestan son cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el feto presenta anomalías incompatibles con la vida y cuando el embarazo es producto de violación o incesto.
A la mañana del domingo 21, el campamento se mostraba poblado de carpas y casas de campaña donde pasaron la noche jóvenes y adultos, tanto de Santo Domingo y sus diferentes barrios, como de Santiago, Bonao y otros pueblos.
Por las noches, lo visitan personas interesadas en comprar artículos que los identifiquen con la protesta y ofrecerles agua y comida, cuenta Zobeyda Cepeda, representante del Foro Feminista Magaly Pineda, organización miembro de la Coalición por la Salud y la Vida de las Mujeres, instancia responsable del campamento.
“Este movimiento está en aumento porque lo consideran un derecho humano que no puede ser violado de manera sistemática por un Código Penal que data de 1884. La sociedad dominicana es mucho lo que ha cambiado desde entonces y el Estado no puede hacerse el sordo ante una situación humanitaria y que se trata de disfrute de derechos”, agrega.
Este domingo, Marcha Verde se unió de manera formal al reclamo, alegando que un Código Penal que penalice en su totalidad la interrupción del embarazo mantendrá y aumentará la corrupción y la impunidad.
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“La corrupción y la impunidad se hacen presentes en este tema donde lo que está en juego es la vida y la dignidad de las mujeres”, dijo Guadalupe Valdez, en representación del movimiento anticorrupción.
A la vez, Valdez explicaba que familias adineradas resuelven fuera y dentro del país, comprando el silencio de las clínicas y el personal médico involucrado y a veces arriesgando sus vidas con prácticas médicas clandestinas, mientras miles de mujeres que no cuentan con los recursos se someten a personal médico no especializado y en condiciones no aprobadas por el Sistema de Salud.
De la misma manera, la Unidad Sindical de Mujeres Activas (Unisimas) se refirió en amplitud a las situaciones que vive una mujer que debe continuar un embarazo producto de un acto de agresión: estrés, cansancio, temor, situaciones de tensión permanente y el debilitamiento de la unidad familiar, ya que las familias también son prisioneras de la situación.
La organización sindical subrayó que las causales deben ser una preocupación de los empleadores, pues el ritmo productivo de una mujer que atraviesa una situación como esta se ve disminuido y llamó a los políticos a incluir las causales en el Código Penal, pues esa fue una de las razones que movió a las mujeres dominicanas a las urnas en las últimas elecciones legislativas y presidenciales.
Paralelo a la protesta, el Congreso Nacional estudia opciones para tratar la cuestión de la interrupción del embarazo por medios alternos al Código Penal.
Una comisión especial presidida por el diputado Héctor Féliz estudia un proyecto de ley que despenalizaría las tres causales. Mientras tanto, el pasado miércoles 17, a petición del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, la Cámara Alta envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el Proyecto de Ley de Referendo.
No obstante, las manifestantes insisten en que las causales deben ser incluidas en el Código Penal. “¿Se va a incluir en una ley especial, cuando por más de 20 años se ha negado en el Código Penal? ¿Cuál es la lógica?”, se pregunta Cepeda. Además, rechaza la vía del referendo, puesto considera que los derechos fundamentales no admiten someterse a este proceso: “No podemos someter a referendo el derecho de las mujeres a vivir”.
Lourdes Contreras, también del Foro Feminista Magaly Pineda, observa que una ley especial de tipo penal se vería supeditada al Código Penal, por lo que sería una solución insuficiente, y ve en esto un intento de continuar postergando la aprobación de las causales.
La insistencia por excluir las causales es interpretada por Contreras como una manera de plegarse a los mandatos de la cúpula de las iglesias, no tanto de su feligresía, pues dice que muchos creyentes de diferentes denominaciones se suscriben a sus demandas.
Mientras, Cepeda recuerda que el Congreso tiene la oportunidad de contribuir a la democracia al escuchar las demandas de los diversos sectores de la ciudadanía, y que es un momento políticamente seguro para hacerlo, pues no hay elecciones cerca y el presidente de la República, Luis Abinader, disfruta de buenos niveles de popularidad.
El presidente Abinader ha dicho en diferentes ocasiones que favorece la despenalización del aborto en tres causales. Sin embargo, el pasado jueves 18 explicó que su posición era personal y que no podía imponerla, dejando la decisión en manos de los legisladores.
Ante esto, las manifestantes recuerdan que la Constitución le asigna al presidente el rol de garantizar derechos y respetar la dignidad humana de toda la población y entienden que el presidente se desdice al no asumir una posición.
“Cuando a él se le pregunta, no se le pregunta como Luis Abinader, se le pregunta como representante del Estado dominicano y del poder político en la República Dominicana. Entonces no me pude decir que es personalmente. Usted está haciendo una función y tiene que asumir y responder desde su posición de primer mandatario de la nación y además líder del partido mayoritario en este momento”, dijo Contreras, razón por la que le reclaman que se posicione en favor de las causales.
Ante el anuncio de una caravana en contra de las tres causales convocada por la Arquidiócesis de Santo Domingo para el próximo 27 de marzo, las manifestantes entienden que los religiosos están en su derecho de expresarse, pero que la decisión es del Congreso de la República, que aseguran favorecerá las causales. Además, dijeron que están propiciando movilizaciones en todo el país.
Las manifestantes recordaron que exigen la despenalización del aborto en tres situaciones específicas e insisten en que debe de entenderse cuáles son.
Junto a República Dominicana, los países que mantienen la prohibición sin excepciones del embarazo son Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
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