Síndicos recurrirán a tribunales para obligar telefónicas a pagar arbitrio

SANTO DOMINGO.-Los ayuntamientos que reclaman a las empresas telefónicas el pago del 3% de su facturación como contraprestación por el uso de los espacios públicos anunciaron que interpondrán acciones legales para reclamarle el cumplimiento de sus obligaciones financieras con los cabildos.

En un encuentro celebrado la tarde de este martes en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, los síndicos y representantes de los cabildos asistentes calificaron como una manipulación de las compañías telefónicas su afirmación de que tienen mucha carga impositiva, señalando que ese 3 por ciento establecido por la Ley de Municipios sería el primer aporte que éstas harían ya que los demás tributos del sector telefónico son cargados directamente a los usuarios.

Explicaron que en el caso en cuestión el 3% no se le debe cargar al usuario, sino que corresponde al monto facturado por esas empresas ya que la citada contraprestación por el uso de los espacios públicos debe formar parte de sus estructuras de costos.

Al intervenir al inicio del encuentro, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), José Reyes, síndico de La Romana, aseguró que las leyes son para cumplirlas y ese es el motivo del encuentro de los ayuntamientos en el ADN.

Afirmó que el 3 por ciento que reclaman a las telefónicas es en cumplimiento estricto de lo que dispone la Ley 176-07, que autoriza a los cabildos a la aplicación de tasas a las prestadoras de servicios telefónicos. Dijo confiar que los ayuntamientos lograrán sus objetivos.

De su lado, el síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, afirmó que hay mucho de incomprensión a los reclamos de los ayuntamientos, pero aseguró que hay que fortalecer los gobiernos locales, un fenómeno que se está experimentando a nivel internacional.

En el encuentro participaron también los síndicos Jesús Feliz, de Santo Domingo Norte; José Montás, de San Cristóbal; José Martínez, de Las Terrenas, Samaná; Víctor Manuel Soto, de Azua, y representantes de los ayuntamientos Santo Domingo Este, Santiago e Higüey, entre otros.

Aclararon que el 16 por ciento del ITBIS, el 10 por ciento de selectivo al consumo y el 2 por ciento para el desarrollo de las telecomunicaciones se le carga al consumidor en sus facturas. Dicen que tampoco pueden alegar sobre el Impuesto Sobre la Renta, porque este consiste en el pago de una proporción de sus ganancias netas de cada año, tras deducir sus inversiones y gastos, incluyendo el pago de la contraprestación por el uso del espacio público.

Sobre la alegada inconstitucionalidad que le atribuyen la telefónica al cobro del tres por ciento, recordaron que la misma no se trata de una resolución de los cabildos, sino una Ley del Congreso Nacional y que el papel de los gobiernos locales se limita a cobrar lo que a cada municipio le corresponde recibir en función de lo que las telefónicas hayan facturado dentro de su demarcación.