Someten resolución para liberar el tramadol de la categoría de medicamentos controlados

El senador representante de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, sometió ante el Senado de la República un proyecto de resolución que solicita a los titulares del Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Control de Drogas la revisión de la resolución No. 00011-2018, que regula el mecanismo de prescripción del tramadol.

El tramadol es un analgésico opioide que alivia el dolor crónico actuando sobre células nerviosas específicas de la médula espinal y del cerebro y es comúnmente indicado a enfermos terminales.

El senador y exministro de Salud Pública, solicita que al ministro de Salud, Daniel Rivera y al presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, que revisen la resolución que regula la prescripción de este medicamento, por considerar que dificulta el acceso a los pacientes con padecimientos de enfermedades terminales a un medicamento necesario para su dolencia (tramadol), por colocarlo en la categoría de “controlado”, requiriendo una receta de la DNCD.

“Nosotros, el grupo de médicos de este Senado de la República, atendiendo la situación por la que están pasando los enfermos terminales, luego de la resolución en cuestión, pacientes de comunidades dispersas, apartadas; es una situación extremadamente difícil”, imploró Rojas Gómez.

Al motivar la pieza, el legislador dijo que a pesar de que entiende que las autoridades nacionales de Salud Pública cuentan con el marco jurídico para comercializar y regular este tipo de fármacos, “no menos cierto es que el propio Ministerio de Salud Pública debe garantizar el acceso para pacientes con padecimientos de enfermedades terminales y dolor crónico bajo la prescripción médica pertinente”.

El senador estableció que la regulación de los fármacos dependientes jamás puede limitar el acceso de quienes se ha identificado requieren de tratamientos permanentes para controlar el dolor crónico conforme a lo establecido por organismos internacionales.

A la iniciativa enviada a plazo fijo a la comisión permanente de Salud Pública del Senado, se unieron como coautores los doctores Lía Díaz Santana senadora de la provincia Azua; Franklin Ysaías Peña Villalona, senador de la provincia San Pedro de Macorís y Virgilio Cedano, senador de la provincia de La Altagracia.