Propuesta de ley plantea tarjeta de descuentos para adultos mayores
Garantizaría el derecho a la salud, la seguridad social y el acceso al crédito con entidades bancarias
SANTO DOMINGO. Un proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional plantea adecuar el ordenamiento jurídico en materia de protección a los envejecientes y busca adecuar la Ley 352-98 del 15 de agosto de 1998 a la actualidad. Para ello crearía nuevas entidades, garantías e incluso una tarjeta de descuentos para ancianos en distintos tipos de servicios.
La propuesta de Ley de Protección al Adulto Mayor persigue establecer mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos y la protección de las personas a partir de los 65 años, sin discriminación por motivos de sexo, religión, opinión política, etnia u orientación sexual.
Propuesto por el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por San Pedro de Macorís, Franklin Peña, el proyecto de ley, que fue aprobado en primera lectura, crearía la Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM), como una entidad autónoma y descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Garantías
La propuesta de Ley de Protección al Adulto Mayor ofrecería garantías sobre derechos como la seguridad social, una pensión digna y el crédito bancario.
Asimismo estipula la prohibición a las entidades aseguradoras de negar la cobertura de cualquier tipo de seguro a las personas adultas mayores.
Entre las novedades que presenta el proyecto del diputado peledeísta figuran la creación de la Tarjeta para el Adulto Mayor (TE-AMA) que sería provista por la DIGAM y daría beneficios como descuentos de un 30 por ciento en los precios de entrada general para actividades de recreación y entretenimiento como cines, teatros, deportes y espec- táculos públicos.
Además propone descuentos en el transporte estatal de carácter público y un 20 por ciento de descuento en los servicios médicos en hospitales y clínicas privadas, así como un descuento del 15 por ciento en las consultas médicas privadas.
También obligaría al Ministerio de Turismo a proporcionar facilidades migratorias e impositivas para motivar a ciudadanos de otras nacionalidades para que establezcan en nuestro país su lugar de retiro.