Madre de adolescente embarazada y con discapacidad pide le dejen ver a su hija una vez a la semana

Flor (nombre ficticio) es madre de Luz (también ficticio), una adolescente con discapacidad, sobreviviente de violencia sexual y con un embarazo de alto riesgo.

El pasado 31 de agosto, la jovencita fue llevada a un centro de acogida para niños, niñas y adolescentes luego de que la Fiscalía, un juzgado y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) declararan que la menor estaba en riesgo y que debía ser institucionalizada. Flor no supo del paradero de su hija durante un mes.

De acuerdo con una nota de prensa, a su mamá nunca le dijeron dónde la llevarían y, aunque le aseguraron que podría visitarla cuando quisiera, ese ofrecimiento no se habría cumplido. 

El Círculo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis), Fòs Feminista, Women Enabled International y Women’s Link Worldwide, organización que las representa legalmente, se unieron por este caso y tras varias peticiones, el Estado contactó a Flor y le permitió que visitara a su hija el pasado 30 de septiembre. 

Sin embargo, le informaron que para seguir viendo a Luz necesitaría una autorización de la Fiscalía. Adicionalmente, en una audiencia realizada el 11 de octubre, se decidió que las visitas serán solo dos veces al mes. 

El documento de prensa indica que “Flor es una mujer que vive en condiciones de extrema pobreza. Por la situación que han vivido junto a su hija, el deseo de estar junto a ella y la presión por parte de diferentes autoridades, no tuvo otra opción que aceptar este régimen de visitas”.

La condición de discapacidad de Luz le impide hablar, moverse y tener una vida independiente, “por eso es tan importante que pueda estar junto a su mamá, quien es su principal mecanismo de apoyo y quien entiende sus necesidades”, destaca el texto.

 “Quiero estar con mi hija, cuidarla y poder verla al menos una vez a la semana. También que se investigue la violencia sexual que sufrió y que esto no le vuelva a pasar a ninguna niña ni adolescente”, aseguró Flor. 

Un embarazo de alto riesgo 

En julio de 2024, Flor notó una protuberancia en el abdomen de su hija y la llevó al hospital. Luego de realizarle algunos exámenes, el personal médico le confirmó que estaba embarazada. Ella denunció la violación y la Fiscalía emitió una orden de captura en contra del presunto violador, quien hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), las niñas y adolescentes embarazadas tienen mayores probabilidades de sufrir complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. 

En las adolescentes menores de 15 años el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más que en mayores de 20 años.

El documento indica que, uno de los médicos que atendió a Luz afirmó que, por su edad, su discapacidad y su bajo peso es más propensa a tener cuadros de preeclampsia, un parto prematuro y riesgo de desprendimiento de la placenta. 

A estos riesgos se suman las consecuencias para la salud mental y emocional de una adolescente cuya única opción es llevar a término un embarazo producto de una violación.

Entidades a favor de las tres causales

Cristina Francisco, directora del Cimudis, afirmó que “las niñas y adolescentes, incluidas las que viven con alguna discapacidad, tienen derecho a ser protegidas, a crecer sanas y felices, a ir a la escuela y a cumplir sus sueños. Sin embargo, el Estado dominicano no provee apoyos adecuados para las personas con discapacidad y sus familias. Luz nunca había recibido protección por parte del Estado ni ha tenido acceso a educación, ni a controles y atención médica eficaz y de calidad, y ahora está obligada a ser madre”. 

Por su parte, Maryangel García-Ramos Guadiana, directora ejecutiva de Women Enabled International, aseguró que “una vez más vemos al capacitismo en todo su esplendor y cómo afecta terriblemente las vidas de las niñas y adolescentes con discapacidad. El Estado dominicano no sólo le falló a Luz al no poder garantizarle una infancia segura y libre de violencia sexual, también continúa violentándola a través del internamiento, la falta de acceso a servicios de salud dignos, y la separación de la persona que es su cuidadora principal y defensora, su madre. Las niñas deben tener una vida digna libre de violencia y abusos, no siendo forzadas a parir”. 

Los colectivos proponen debatir “la importancia de aprobar la interrupción voluntaria del embarazo, al menos en tres causales (riesgo para la vida de la mujer; embarazo inviable; violación o incesto), en la República Dominicana”. 

“La historia de Luz demuestra la inexistencia de justicia reproductiva y la incongruencia del Estado dominicano que, por un lado, prohíbe el aborto en todas las circunstancias y, por otro, castiga a las niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual a vivir separadas de sus familias, aun cuando afrontan embarazos y maternidades forzadas que ponen su salud y vida en riesgo. Es injusto que esta sea la única opción que ellas tengan”, concluyó Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide.