Salud Pública ha cerrado 137 centros por irregularidades

A propósito de la querella interpuesta contra de Elizabeth Silverio Sillien, propietaria del Centro de Terapia Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, por ejercer como "neurocientífica" sin el debido exequatur de ley, el director de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud, Juan Gerardo Mesa, informó que, hasta la fecha, hay 137 centros de servicios de salud cerrados, por no estar habilitados, por violación a la cartera de servicios aprobados o por contratar personal no habilitado para dicha cartera.

En su base de datos, Salud Pública tiene 6,926 establecimientos registrados, de los cuales 2,446 están habilitados y 3,519 con licencia vencida. De esos que tienen la licencia vencida, 2,558 ya fueron notificados y están en proceso de renovación y 961 en proceso de habilitación.

"Nunca antes, en ninguna gestión, se ha hecho un trabajo tan honesto y tan serio en la Dirección de Habilitación, como el que se está haciendo a la fecha", declaró. Mesa garantizó que se está haciendo un proceso de investigación exhaustivo a la horade emitir las habilitaciones.

Querella contra Elizabeth Silverio

El Ministerio de Salud Pública depositó ayer miércoles ante la Fiscalía Especializada de la Salud la querella en contra de Silverio Sillien.

El Centro fue cesado el pasado jueves 18 de mayo.  La información fue ofrecida por el director jurídico del Ministerio, Luis Manuel Tolentino, quien explicó que, aunque se esperaba que el depósito la documentación este jueves, se tomó la decisión de adelantar la acción.

"El fiscal especializado en la Salud, aquí en el Distrito Nacional, va a accionar en poner en movimiento lo que se llama la acción penal. A esta querella va a dársele seguimiento, solicitar medida de coerción, investigar y conseguir la posible condena", detalló.

Cuatro casos en la Fiscalía

Tolentino aseguró que además del caso de Silvierio Sillien, en la Fiscalía de la Salud se manejan otras tres querellas por ejercicio de la profesión médica sin el debido exequatur.

"El que es víctima de intrusismo es el que debe denunciar", enfatizó.