Estudio revela 46 % de las dominicanas no tiene acceso a métodos anticonceptivos

Ante el aumento de la población mundial, que recientemente superó los 8,000 millones, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés) advirtió que violar los derechos reproductivos de las mujeres no es la solución para aumentar, reducir o mantener las tasas de fecundidad.

En el caso específico de la República Dominicana, expuso que el informe "Estado de la Población Mundial 2023" reveló que el 46 % de las mujeres en el país no tiene acceso a anticonceptivos y el 23 % no puede tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva.

Este estudio calculó que unas 257 millones de mujeres a nivel mundial tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos seguros y fiables.

Tasa de fecundidad en RD

En República Dominicana, la tasa de fecundidad total es de 2.2 hijos por mujer y la de fecundidad en adolescentes es 94.3 nacimientos vivos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años.

La mortalidad materna se sitúa en 107 por cada 100,000 nacidos vivos, superando la de la región de América Latina, que es de 88 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, a pesar de que el 98 % de los partos fue atendido por personal de salud calificado.

Desconocimiento sobre la esterilización

Así como el año pasado, Unfpa hizo hincapié en la cifra alarmante: la esterilización ha sido el método anticonceptivo más usado en la República Dominicana, en 30.5 % de las mujeres en edad reproductiva, casadas o unidas, y cerca de 25 % de las mujeres fueron esterilizadas sin saber el carácter irreversible de este procedimiento.

Al comparar estos datos con los ofrecidos por 68 países objetos de este estudio, Unfpa concluyó que República Dominicana es el segundo país que más estirilización desinformada realiza. En este ranking le precede Lesoto, un país africano que supera a nuestro país con el 28 % de esterilizaciones bajo estas circunstancias. 

Políticas inútiles

El Unfpa indicó que, a lo largo de la historia, ha constatado que las políticas de fecundidad pensadas para aumentar o reducir la fecundidad son de poca efectividad e inútiles en la mayoría de los casos y atentan contra los derechos de las mujeres.

Señaló que, durante los últimos 20 años, algunos países han lanzado programas para motivar que las familias fueran más numerosas a cambio de incentivos financieros y recompensas para las mujeres y sus parejas; con todo, “su tasa de fecundidad no ha superado los dos hijos por mujer; 2.2 en el caso de República Dominicana”.

Recomendaciones

Ante las graves violaciones de los derechos humanos producidas mediante esterilizaciones forzadas y la anticoncepción por medios coercitivos para controlar el crecimiento demográfico que revela el Estado Población Mundial 2023, el Unfpa aboga por dar un giro de 180º grados a la perspectiva desde la que se abordan las cifras demográficas e insta a la clase política y los medios de comunicación a prescindir de los relatos exagerados sobre explosiones poblacionales y situar a las personas y sus derechos en el centro.

Natalia Kanem, directora ejecutiva del Unfpa, sostiene que en vez de preguntarse a qué velocidad tiene hijos la ciudadanía, los dirigentes deben de plantearse si todas las personas —y en especial las mujeres— están en posición de ejercer su libertad reproductiva.

“El cuerpo de las mujeres no puede quedar supeditado a los objetivos demográficos, si queremos forjar sociedades prósperas e inclusivas, independientemente del tamaño de la población. Necesitamos un cambio radical de mentalidad en lo que respecta a nuestra forma de hablar sobre los cambios poblacionales y hacer planes en torno a ellos”, expresó.

El Unfpa indica que la planificación familiar no puede ser solo una herramienta para alcanzar las metas de fecundidad, sino un recurso que empodera a todas las personas.

No obstante, cada año se producen, como mínimo, 10 millones de embarazos no intencionales entre las adolescentes de 15 a 19 años en los países en desarrollo.

El informe recomienda a los gobiernos que adopten políticas que tengan como pilar fundamental la igualdad de género y los derechos; por ejemplo, las políticas que fomenten la igualdad de género en los entornos laborales, el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y los programas de licencia parental. En esto último pondera el decreto presidencial 312-22, en el que el presidente Luis Abinader aumentó a 15 días laborables la licencia de los servidores públicos.

“Se trata de instrumentos de eficacia probada que generarán dividendos económicos y se traducirán en sociedades resilientes capaces de prosperar sin importar los cambios demográficos que experimenten”, enfatiza el informe de referencia "8,000 millones de vidas, infinitas posibilidades: argumentos a favor de los derechos y libertades".