Salir de Venezuela a prostituirse o ser víctima de trata en Dominicana

Por Mariela Mejía y Suhelis Tejero

SANTO DOMINGO. “Estaba pasando hambre”, dijo un transexual venezolano al que Diario Libre se encontró ofreciendo sus servicios sexuales en la avenida España, en Santo Domingo Este.

Con su pelo rojo oscuro, de color similar al del vestido corto que dejaba ver sus piernas delgadas, quería hablar rápido con la prensa porque buscaba clientes. Eso mismo hacía en Venezuela, donde además trabajaba en un salón de belleza, pero redujeron el personal y quedó fuera.

“Allá me estaba yendo muy mal, y tengo tres hermanos y tengo que mandarles dinero”, contó.

Su padre es venezolano y la madre dominicana, por esa razón había visitado el país, pero esta vez vino para quedarse por tiempo indefinido. “Estábamos comiendo una sola vez al día”, dijo. El joven, de 24 años y bachiller, lleva ocho meses prostituyéndose en el país. “Aquí me va mejor que allá, claro”.

Sus amigas dominicanas que trabajan en el punto reconocen que “es muy popular entre los clientes”. “Nosotras la aceptamos porque es igual que uno, cuando uno se va de su país uno también pasa trabajo”, dijo una trabajadora sexual.

La tarifa de “la venezolana” -como le llaman- depende de si el cliente “tiene hambre o no”. La mínima es de RD$1,000. “De aquí yo mando 3,000 pesos para allá (Venezuela) y ellos resuelven”, precisó.

A cinco kilómetros de distancia, en la avenida San Vicente de Paul, estaba su amigo: otro transexual venezolano, también de 24 años. Caminaba por la vía, en penumbra, hacia un motel y se detuvo para conversar con Diario Libre. Contó que en su país era estilista y masajista; buscó trabajo en esas áreas y no encontró. “Nosotros estamos aquí por querer ayudar a nuestra familia, por la situación económica que hay”, explicó.

Como su madre es dominicana, aspira a regularizarse con menos burocracia y quizás trabajar en otro oficio. “No es fácil acostarse con alguien que a uno no le gusta, eso es lo peor del mundo, digo yo, uno lo hace nada más por la necesidad y el dinero es otra cosa”.

De lo que gana, envía entre RD$1,500 y RD$3,000 a sus parientes en Venezuela. Sus entradas no solo provienen de la calle, también de las citas que pauta en páginas de internet donde se crean perfiles para ofertar servicios sexuales. Y es en ese mundo virtual donde las venezolanas encuentran otras oportunidades.

La oferta virtual se conoce como escort, un término que en español hace referencia a una dama de compañía a la que un cliente paga para que vaya con él a reuniones, fiestas, viajes al exterior y otros favores, que pueden incluir sexo o no. Es un tipo de servicio usado igualmente en el extranjero. Acceder a determinadas comunidades en línea funciona mediante una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) que permite una conexión a redes con bloqueo geográfico o restringidas.

“La mayoría de los extranjeros que vienen a Punta Cana vienen a buscar ese tipo de servicio”, afirma alguien consultado por Diario Libre que conoce el negocio. “Igual lo usan políticos, empresarios y altos ejecutivos de empresas”. El mercado lo manejan personas denominadas agentes que se ganan un porcentaje de la tarifa cobrada por las escorts.

La República Dominicana es uno de los principales destinos turísticos en el Caribe. El Banco Central reportó que el año pasado la llegada acumulada de pasajeros no residentes experimentó un crecimiento interanual de 3.8 % al alcanzar la histórica cifra de 6,187,542 personas, el 87 % de estos extranjeros. Al segmentarlos por sexo, el 47.3 % de los visitantes era masculino .

Además de Punta Cana, las zonas de Cabarete, Puerto Plata, Sosúa y Santo Domingo son destinos preferidos por los turistas, y en estos puntos también se ofertan los servicios de las escorts.

La fuente que conversó con Diario Libre ha observado que, además de las dominicanas, más venezolanas y colombianas están suscribiendo perfiles “por lo bien que le ha ido a otras”. “Hay clientes que piden una chica por 700 dólares una noche y de propina le dan 2,000 y 5,000 dólares”, dijo.

En una de las decenas de páginas que promueven este servicio en el país, hay mujeres con cuerpos voluptuosos y poses sexualmente sugestivas. Unas con el rostro oculto, otras al descubierto. Las tarifas varían entre cada mujer, pues depende de su categoría.

Al hacer clic de forma aleatoria en la foto de una modelo, aparecen más imágenes suyas. En el perfil hay fotografías en las que posa desnuda frente a un espejo en el que se reflejan unos senos firmes, se muestra con un minúsculo bikini que solo tapa los pezones y con un ceñido vestido escotado.

La modelo se identifica como venezolana, de 22 años, 50 kilogramos (110 libras), 168 centímetros de altura (5.2 pies) y con dominio del inglés y español. Sus servicios están abiertos para hombres, mujeres y parejas. La tarifa más baja que anuncia son US$320, para una hora, y la más costosa US$2,500, por tres días. “El precio puede variar al solicitar servicio adicional o de parejas”, avisa una nota.

Las redes sociales son una vía más privada y directa para este servicio. Igualmente aplicaciones sociales que permiten concertar citas con personas de gustos afines, inclusive ubicarlas por cercanía en tiempo real. “Venezolana en RD, modelo, promotora, acompañante solo para trabajo”, informa una joven en una de estas plataformas. Culmina el mensaje con su número de teléfono.

“Buenas, ¿deseas conocer más acerca de nuestros servicios? Escríbenos por WhatsApp”, decía otro mensaje debajo de una fotografía de una mujer con una larga cabellera rubia y un vestido que dejaba al descubierto parte de sus senos y piernas.

Cuando el trabajo sexual se convierte en trata de mujeres

La Asociación de la Diáspora Venezolana en RD ha tenido contacto con casos de trata de sus compatriotas. El más dramático fue el de una venezolana que se entregó a las autoridades desesperada porque la deportaran. Bajo engaño, y a través de un conocido suyo en Venezuela, la mujer había llegado a la República Dominicana como pocos lo logran: con una oferta de trabajo.

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Era para dar masajes terapéuticos profesionales y, al llegar, pensó que era normal que la empresa se quedara con su pasaporte para formalizar el contrato laboral. Entonces, se encontró con su primer cliente y en ese momento descubrió la naturaleza del trabajo para el que la habían contratado. Él le dijo que los masajes los recibía de su esposa, y que estaba allí por sexo. Ella lloró, tanto que él ni la tocó, pero con los siguientes no tuvo esa suerte.

Como la empresa le retuvo el pasaporte, se quedó indocumentada y ni siquiera podía irse de la República Dominicana. Por eso un día de este año, tras meses bajo explotación sexual y emocionalmente perturbada, decidió entregarse a las autoridades migratorias locales y así poder huir de la red de trata de personas. Para resguardar su seguridad y su integridad, no se pueden ofrecer más detalles sobre este caso.

No es el único registro que tiene la asociación de apoyo a los migrantes, aunque aseguran que son casos minoritarios dentro del universo de venezolanos que llegan al país.

Actualmente, la población carcelaria venezolana en la República Dominicana no es numerosa y los delitos con connotación sexual no son significativos.

Demanda supera capacidad de respuesta ante casos de trata

La procuradora contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Roxanna Reyes, reconoce que la capacidad de respuesta de la Justicia dominicana “está desbordada frente a la demanda”. “Normalmente la demanda supera la capacidad de respuesta y hay casos que son prioridad”, dijo.

Sin embargo, no descarta que se desarrolle una fuerza de tarea para específicamente investigar y detectar en las páginas web la ocurrencia de hechos que pudieran estar vinculados con trata o con proxenetismo.

La magistrada, que se desempeñaba como procuradora adjunta para Asuntos de la Mujer, fue asignada a su nueva función en noviembre de 2017. Con apenas tres meses en la posición ha incluido en su agenda casos que abarcan a venezolanas, una nacionalidad que -dice- hace 15 o 20 años no estaba tan involucrada en temas de trata en la República Dominicana. “Hemos rescatado venezolanas en diferentes operativos”, informó.

Aunque se reservó dar detalles de los casos que se investigan, citó el suicidio el pasado 17 de enero de Yonimar Katheryn Sánchez González, de 23 años. La joven se lanzó del noveno piso de la torre Malecon Center, en el Distrito Nacional, y falleció en el hospital a causa de los golpes.

Un video grabado ese día la muestra llorando desesperadamente mientras una conocida la consuela. “¡No me valoran como mujer!”, exclamó sollozando. Golpea una mesa con furia, se retira de la sala donde está y desaparece de la toma. Su actitud impulsiva llama la atención de otros que estaban en el interior del lugar, quienes salen hacia la sala y van tras ella. De repente comienzan a gritar: ¡Se mató! ¡Se mató!

La Policía Nacional alegó que la joven aparentemente tenía problemas familiares. Informó que estaba en la torre desde donde se lanzó al vacío porque allí funciona un spa al que visitó para aprender las labores del local.

“Desde que tuvimos conocimiento de eso (del suicidio) estamos trabajando en eso”, afirmó Reyes.

Otro caso que investiga es la denuncia de violación en grupo de una venezolana en Santiago el pasado 8 de diciembre. La procuradora indicó que se busca determinar si, además de la agresión sexual, hay trata. Por el hecho se dictaron cuatro medidas de coerción y se llevó a la extranjera a una casa de acogida.

Antes de que Reyes asumiera el puesto, la Justicia manejó expedientes sonados que involucraron trata de venezolanas.

El año pasado, el Ministerio Público en Santiago presentó formal acusación en contra de cinco arrestados tras un allanamiento efectuado en 2016 en el club nocturno Casa Blanca, que procuraba desmantelar una red internacional de explotación sexual y trata de personas. Las autoridades rescataron a 40 venezolanas y cinco colombianas, a quienes presuntamente se explotaba sexualmente, y cerraron el lugar el 9 de mayo.

En el club nocturno las autoridades se incautaron de RD$11 millones en efectivo y US$800 mil, armas de fuego y vehículos de lujo.

En mayo de 2016, el Tribunal de Atención Permanente impuso 18 meses de medida de coerción contra tres hombres y una mujer, incluido Juan Fernández, propietario del club nocturno. En marzo de 2017, una jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago varió la medida contra Fernández por una garantía económica de RD$3 millones.

Por el caso también se sometió a la Justicia al venezolano Johnny Eliexer Cordero Belisario, quien fue capturado en junio de 2016 por la Interpol al pesar sobre él una orden de busca y captura por estar acusado de trata y explotación sexual a gran escala. Se tenía indicios de que engañó a cientos de venezolanas y colombianas para que viajaran hasta la República Dominicana, donde eran obligadas a prostituirse.

El caso Casa Blanca está en fase de juicio de fondo.

Otro expediente, que se encuentra en audiencia preliminar para establecer si procede la apertura a juicio, es el referente al centro de diversión Doll House, en la capital dominicana. En diciembre de 2016 las autoridades clausuraron el recinto al alegar que era utilizado para la trata de mujeres con fines de explotación sexual, específicamente de colombianas, venezolanas, ucranianas, peruanas, estadounidenses, españolas, brasileñas, rusas y bielorrusas. Estas realizaban bailes eróticos y privados, que podían incluir la exhibición de sus genitales o actos sexuales con penetración.

En el expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público se acusaba al propietario del negocio, Rafael Elías Alcántara Casado, de viajar a los países de las mujeres para captarlas. Se indica que estas eran transportadas y acogidas, y los acusados recurrían en ocasiones al engaño y coacción para aprovecharse de sus condiciones de vulnerabilidad, en violación de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

El documento explica que cuando llegaban a la República Dominicana, las llevaban a una casa en el sector Los Restauradores, del Distrito Nacional, desde donde eran trasladadas diariamente hacia el local del Doll House, en la Zona Universitaria, ubicado a aproximadamente media hora de distancia.

El Ministerio Público narró que las mantenían vigiladas con personas armadas y cámaras de video. Además no recibían beneficios, les cobraban el pasaje, multas, las comidas y otros costos. Alegó que Alcántara Casado, producto de estas actividades ilícitas, incrementó sus riquezas, incluidas propiedades, villas, vehículos de motor de alta gama y embarcaciones marítimas.

En el expediente se cita una conversación telefónica entre Alcántara Casado y su socia Laura Bautista -también sometida a la Justicia- efectuada el 25 de julio de 2016. En esta se hace referencia a venezolanas que trabajaban en el clausurado club Casa Blanca y buscaban un puesto en el Doll House, lo que confirma la versión de la magistrada Reyes de que luego del rescate de las mujeres explotadas, algunas regresan a su país y otras se quedan en la República Dominicana. De la conversación se extrae lo siguiente:

“Esto es un drama”, afirma la magistrada Reyes. “Las historias de esas muchachas, muchachas profesionales muchas veces, por la miseria, por la necesidad, tienen que venir a otro país, porque aquí no necesitan visa ellos (los venezolanos) para entrar, es terrible. Tú dices: ¿qué yo estaría dispuesto a hacer por mis hijos o por familia que se está muriendo de hambre? ¡Porque se están muriendo de hambre!”.

Agrega: “Ante la comisión del ilícito penal, no importa la nacionalidad, nosotros tenemos que dar respuesta, tenemos que enfrentar eso, rescatar a las víctimas, atender a las víctimas”.

Ella se pregunta qué es lo que ha permitido que otros países hayan sido exitosos en enfrentar la trata. “Autoridades comprometidas -responde-, preparadas, sensibilizadas, con las herramientas, con los equipos, y sobre todo una persecución penal inteligente, una persecución penal eficaz y tribunales comprometidos que condenan. Entonces cuando la gente ve eso sabe que hay un disuasivo y que ahí no se va a poder”.

“Lo importante es que no haya impunidad”, sentencia.

* La Asociación de la Diáspora Venezolana en RD ofrece atención legal gratuita, tanto para casos de trata de personas como para asuntos migratorios generales, en una oficina que tienen en la sede del Centro Montalvo, en Santo Domingo.