Panamá suma cuatro mártires a la lucha antiminera

El 18 de octubre fue miércoles. El sol encandilaba el asfalto de la calle que rodea la Asamblea Nacional de Panamá, ubicada en la Plaza 5 de mayo, en el centro de la capital. Pero no era un día cualquiera: decenas de activistas sociales, ambientalistas y estudiantes estaban plantados con pancartas y megáfonos protestando pacíficamente afuera del hemiciclo. La razón: ese día se empezó a “discutir” en segundo debate —entre comillas porque nunca se discutió realmente— el proyecto de ley que legalizaría la megaminería de cobre que ya explota la canadiense First Quantum al norte del país. La Asamblea había aprobado dos días antes el proyecto en primer debate en una breve sesión.  

Pero aunque legalmente las sesiones deben permitir la presencia y la participación del público, la fuerza pública selló el recinto con cercas y un escudo de policías. Nadie distinto a los diputados  podía entrar. Ese día Aubrey Baxter, fotoperiodista y miembro del colectivo ambientalista Ya es Ya, capítulo panameño de Rebelión Científica Internacional, perdió el ojo derecho cuando un agente le disparó, a menos de cinco metros, con un perdigón de pimienta.

Hechos como este han obligado a los medios internacionales a cambiar su enfoque acerca de Panamá, un país más conocido por su excepcionalismo económico que por sus crisis sociales. Pero hoy está sumido en una explosión popular que ha escalado a niveles no vistos por lo menos desde hace más de 30 años, cuando la misma población panameña se levantó al unísono contra el régimen dictatorial de Manuel Antonio Noriega.

Esta vez los panameños se unieron al unísono para rechazar el contrato minero que legaliza la extracción de cobre y otros minerales que ya desarrolla Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, que tiene una concesión de casi 13.000 hectáreas al norte del país, en pleno Corredor Biológico Mesoamericano. Allí extrae cobre, oro, plata y molibdeno en dos enormes tajos a cielo abierto. Inició exportaciones a mediados de 2019 y ya ha facturado más de 10.000 millones solo con lo que reporta de su mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso.

Sin embargo, en 2017 la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato Ley 9 que amparaba la concesión de First Quantum, pero el fallo nunca fue ejecutado. Tanto los abogados de la minera como el propio gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela introdujeron una serie de recursos en la Corte que retrasaron la decisión final, que solo quedó en firme a finales de 2021, cuando la Corte reafirmó la inconstitucionalidad y negó todos los recursos. Pero esto no impidió que la empresa empezara a extraer y exportar, aún sin contrato en firme. Tanto Varela como el actual presidente, Laurentino Cortizo, le permitieron seguir operando bajo comunicados y figuras eufemísticas como la supuesta defensa de la “seguridad jurídica” o de los empleos, o de su aporte al PIB del país.

El gobierno de Cortizo nombró a seis de los nueve magistrados que tiene actualmente la Corte. Es el mismo Ejecutivo que demoró cuatro años en publicar el fallo de inconstitucionalidad en la Gaceta Oficial, mientras “negociaba” un “nuevo contrato” a espaldas de los panameños, que en varias encuestas, diálogos y estudios han consignado su rechazo a la minería a cielo abierto en Panamá. 

El asunto no es nuevo. Desde 1998 varias demandas contra Petaquilla Minerals, la concesionaria original, intentaron frenar la construcción de la mina, hoy en poder de First Quantum. Es decir, la Corte tardó casi 20 años en emitir un fallo, una tardanza que permitió consolidar una relación comercial de hecho que favorece a la empresa minera, que ha explotado el yacimiento sin pagar regalías ni impuestos desde 2019.

Para empeorar las cosas, el nuevo contrato se negoció sin tomar en cuenta múltiples problemas que hoy la ciudadanía rechaza. Entre ellos, las vulnerabilidades climáticas, el riesgo de contaminación de las fuentes de agua, el temor al desplazamiento de las comunidades aledañas, la contaminación del aire, la devastación de bosque virgen del Corredor Biológico Mesoamericano, la desaparición de miles de especies y todos los daños que conlleva la minería a cielo abierto en un país tropical lluvioso de tan solo 75.517 kilómetros cuadrados. El diario La Prensa reportó el año pasado que Minera Panamá causó al menos 209 daños ambientales que consignó el propio Ministerio de Ambiente. 

Aún así, ignorando los daños ambientales y sin cumplir nuevamente con la licitación pública y la consulta popular (las principales razones por la que se declaró inconstitucional la primera vez) el gobierno presentó a la Asamblea el 16 de octubre una segunda versión del contrato, tras retirar la primera ante el rechazo de la población a sus cláusulas leoninas. La segunda versión pasó en menos de una semana los tres debates en la Asamblea, y fue firmada y publicada en la Gaceta Oficial el viernes 20 de octubre pasadas las siete de la noche. Así, a la velocidad del rayo, nació el nuevo contrato Ley Número 406. Todo en la misma semana en la que Baxter perdió su ojo.

Desde ese mismo momento las protestas contra la megaminería a cielo abierto en Panamá se intensificaron, y día a día se han venido sumando más sectores: jóvenes, médicos, sindicatos, profesionales, ambientalistas y ciudadanos en general. Las imágenes en redes sociales hablan por sí solas del rechazo al contrato minero desde las provincias de Chiriquí, al oeste del país, hasta Darién, en la frontera con Colombia.

A medida que pasaron los días, la lucha empezó a cobrar vidas. Hasta el 9 de noviembre habían muerto cuatro personas directamente relacionadas con las protestas antimineras y los cierres de calles: el primero de ellos fue Agustín Rodríguez Morales, un maestro de 49 años que protestaba en Colón el 26 de octubre, justo la provincia en la que se alberga la mina al norte del país. El segundo fue Milton Cedeño García, un maestro indígena de 42 años en Horconcitos, provincia de Chiriquí. Y los más recientes mártires de la minería han sido dos personas, Abdiel Díaz e Iván Rodríguez, ultimados a tiros en el sector de Chame, a hora y media de la capital, por un abogado con un prontuario criminal que viajaba por la carretera y quiso (a punta de disparos) que abrieran la vía mientras los maestros protestaban. 

Ese desenlace trágico confirmó que el Gobierno panameño ha impuesto el contrato minero a punta de balas y represión policial, propaganda con fondos estatales, criminalización de ambientalistas y detenciones ilegales por ejercer el derecho a protestar. Tanto la Defensoría del Pueblo como la CIDH denunciaron el uso excesivo de la fuerza de los efectivos oficiales.

Tras una semana de protestas cada vez más intensas, y luego de la primera muerte, el Gobierno solo reaccionó muy tibiamente al presentar a la Asamblea un proyecto de moratoria a futuras concesiones mineras, ya que acumula más de 100 solicitudes para distintos puntos. Los diputados pidieron perdón en el pleno por haber aprobado la Ley 406, y muchos de ellos confesaron que ni siquiera la habían leído. Trataron de enmendar su “error” incluyendo un artículo para derogarla, pero luego cedieron ante la presión de algunos juristas y grupos, entre ellos de ambientalistas, que se decantaron por esperar un fallo de inconstitucionalidad a la Ley 406, que acumula ya más de ocho demandas en la Corte.

Sin embargo, las protestas no han parado, pues la gente ya no cree en una institucionalidad que, más allá de las formalidades jurídicas, sigue garantizando la continuidad de la operación a la mina, según lo promete la empresa en comunicaciones a sus inversionistas y lo que ha dicho la Cámara Minera públicamente. No en vano el Gobierno de Cortizo empezó a decir que Panamá no sería ya un país que mina, sino un país minero.

Esto contrasta en esencia con la economía canalera, una economía de tránsito que depende fundamentalmente de la disponibilidad de agua dulce para el funcionamiento de la vía interoceánica. La inmensa fila de barcos que esperan para cruzar también posan sus reflectores en la sostenibilidad futura de Panamá, un país en el que tres de cada 10 habitantes no tiene un suministro permanente de agua en sus hogares. Un recurso que ya no se repartiría solo entre la población y el canal, pues la megaminería a cielo abierto también consume enormes cantidades.

Y eso es precisamente lo que rechazan miles y miles de panameños que ocupan las calles del país desde hace tres semanas: gritan la consigna de que Panamá vale más sin minería. Y los maestros agregan que “la sangre derramada jamás será olvidada”.

Por Rekha Chandiramani, miembro de #CONNECTASHub