Unos 3,003 funcionarios nuevos y salientes han declarado patrimonios en la Cámara de Cuentas

Hasta este lunes 21, unos 3,003 funcionarios nuevos y salientes habían declarado sus bienes en la Cámara de Cuentas, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 311-14, sobre el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio.

Los funcionarios tienen hasta este lunes 28 para cumplir con la ordenanza que pone en la Cámara de Cuentas la responsabilidad de fiscalizar su cumplimiento y de tramitarla a la Procuraduría General de la República para su investigación.

Los exfuncionarios deben presentar su declaración jurada a más tardar 30 días desde que abandonaron sus cargos y los designados disponen de igual plazo tras su nombramiento. No acatar esa disposición constituye un delito que la Ley 311-14 tipifica como faltas graves o de tercer grado que serán sancionadas conforme a la Ley 41-08, sobre Función Pública, que establece la destitución del funcionario.

Según informaciones de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, de la Cámara de Cuentas, con corte al 21 de septiembre, han declarado 3,003 funcionarios de los más de 6,000 que deben cumplir con la disposición

La Cámara de Cuentas comenzó a recibir los depósitos de las declaraciones juradas de bienes desde el 31 de agosto.

Sobre el tema, el presidente Luis Abinader advirtió el pasado 27 de agosto que serán suspendidos de sus funciones quienes no hagan su declaración de patrimonio.

Mientras la Procuraduría General de la República anunció que serán revisadas las declaraciones juradas de bienes de los nuevos y salientes funcionarios y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, advirtió sobre las penalidades por la falsedad de información.

Conforme al artículo 15 de la Ley 311-14, sobre el delito de falseamiento de datos: “Quien en razón de su cargo estuviere obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del Gobierno Central”.

Están obligados a declarar el presidente y la vicepresidenta de la República, los congresistas, jueces de las altas cortes, el procurador general, los ministros, gobernadores, alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales y el rector y vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). De igual modo, los titulares de las direcciones públicas y los encargados de compras, entre otros.