Ortiz Bosch advierte la falsedad de datos de patrimonios conlleva sanción

A escasas horas de que la Procuraduría General de la República anunciara que serán revisadas las declaraciones juradas de bienes de los nuevos y salientes funci- onarios, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, advirtió este lunes sobre las penalidades.

“La Ley 311-14, crea en la Cámara de Cuentas un organismo especial para darle seguimiento a las declaraciones y como dije desde el primer día, no son papeles para archivar sino instancias para investigar”, precisó la funcionaria.

Al ser cuestionada respecto a la falsedad de datos de los patrimonios, la funcionaria aseguró que la legislación establece penalidades muy fuertes y otras no tan fuertes.

Conforme al artículo 14 de la Ley 311-14, el servidor público que omita presentar su declaración de patrimonio o deje de reportar algún bien incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública. Una falta de tercer grado conlleva la destitución del funcionario que la cometa, según la citada norma.

“Delito de falseamiento de datos.

Quien en razón de su cargo estuviere obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del Gobierno Central”, aduce el artículo 15 de la legislación.

Sobre el tema, la procuradora Miriam Germán informó que abrirá investigaciones preliminares a los funcionarios, y exfuncionarios, que incumplan con la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, que falseen datos o que exhiban un patrimonio injustificado.

Alertó que los órganos del Ministerio Público procederán a investigar los casos reportados por la Cámara de Cuentas, tanto de los funcionarios salientes como de los entrantes.

Sectores políticos y sociales han cuestionado en los últimos días los cuantiosos patrimonios declarados por funcionarios nuevos y salientes ante la Cámara de Cuentas.

Han demandado de las autoridades del Ministerio Público y del órgano fiscalizador verificar la veracidad de las diferentes declaraciones que se han venido presentando.