Omar Fernández somete reforma que penalizaría hasta con 3 años de prisión maltrato animal

El diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, sometió un proyecto de modificación de ley que sancionaría con hasta tres años de prisión y hasta cincuenta salarios mínimos la crueldad y maltrato animal.

“No es posible que una sociedad que se regenere y hable de nueva política, maltrate animales por deporte”, estableció el legislador del partido Fuerza del Pueblo, al introducir la modificación a la Ley 248-12 sobre Protección y Tenencia Responsable de Animales.

Además, la propuesta establece la penalidad de hasta 15 salarios mínimos y prisión entre 6 y 12 meses para los dueños de mascotas que no cumplan con los deberes establecidos en la propia ley respecto a la tenencia responsable de los mismos.

“Estamos proponiendo la creación de un departamento dentro de la Policía para una acción más rápida y efectiva para quienes ataquen animales” expresó el congresista de la Fuerza del Pueblo, indica una nota de prensa.

El incumplimiento de la norma estará a cargo de una Procuraduría Especializada de Protección Animal, creada a más tardar, a seis meses a partir de la promulgación de esta ley por la Procuraduría General de la República (PGR), que dice que las responsabilidades a la fecha recaen sobre la Unidad de Protección Animal. Actualmente, en la Procuraduría existe el Departamento de Protección Animal, que se encarga de estos casos.

Asimismo, el departamento en la Policía Nacional para la protección animal podrá proceder a someter a la acción de la justicia, sin necesidad de que intervenga denuncia o querella por parte de terceros.

Para aplicar estas reformas, el proyecto establece la necesidad de la creación de un Departamento de Protección Animal, a cargo del viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública (Mispas), en un plazo no mayor a los seis meses de promulgada la ley.

Entre sus atribuciones, según la propuesta, este departamento se encargaría de la vacunación y esterilización de animales domésticos y callejeros, estableciendo al menos un punto de servicios en cada provincia del país, mientras que las alcaldías y juntas de distritos municipales asumirán lo propio en los municipios en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

Un 2 % del presupuesto anual de los gobiernos municipales estaría destinado a la creación, atención y sustento adecuado de los albergues indicados anteriormente.

Plantea que lo recaudado por las multas será dividido en cinco partes iguales (20 %) entre el Departamento de Protección Animal del Salud Pública, la alcaldía o junta de distrito municipal de la demarcación donde se produjera el hecho multado, el Departamento de Protección Animal de la Policía Nacional, las organizaciones de protección animal y la Procuraduría Especializada de Protección Animal de la PGR.