Frente Amplio depositará ante el Parlacen que Danilo Medina renuncie a ese organismo

El partido Frente Amplio (FA) informó que depositará ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) una solicitud a fin de que el expresidente de la República Danilo Medina renuncie voluntariamente de la inmunidad que le otorga ese organismo.

La iniciativa tiene como propósito que el exjefe del Estado sea investigado por presuntos actos de corrupción y sometido a la acción de la justicia junto a los demás exfuncionarios acusados de haber incurrido en esas acciones.

La información fue dada a conocer por el diputado del FA, Juan Dionicio Restituyo, y el abogado de ese partido, Manuel Soto Lara, quienes destacaron que mientras el exjefe del Estado “tenga esa inmunidad tiene una jurisdicción privilegiada”.

Restituyo precisó que “lo que queremos es que él (Danilo Medina) se despoje de esa jurisdicción privilegiada para que pueda ser juzgado o pueda ser investigado junto con los demás”.

Argumentó que “no es posible que todo el que vive en un hogar sea acusado de corrupción y que el jefe de la casa no sepa nada”.

Insistió en que no es posible que el exmandatario Medina, teniendo familiares y personas cercanas acusadas de corrupción, sea excluido en dichas acusaciones judiciales.

Dijo que también se debe investigar a la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández y todo el que esté involucrado en actos de corrupción.

El Frente Amplio depositó este miércoles lo que denominó la “Querella del Pueblo” en la Procuraduría General de la República con lo que busca incorporarse como actor civil en los procesos legales en contra de exfuncionarios sometidos por actos de corrupción.

Restituyo y Lara declararon, por separado, que con esa acción tienen como objetivo auspiciar la intervención “popular” en los procesos penales seguidos a los ex servidores públicos por presuntos actos de prevaricación.

Con esas iniciativas el Frente Amplio busca que en caso de que se compruebe esos actos en contra del erario público, el país pueda recuperar los recursos económicos que habrían involucrado esos actos delictivos para que sean destinados a sectores como educación, salud, vivienda y alimentación, entre otros.