En menos de tres meses entidades del Estado sometieron 71 licitaciones de urgencia

En los meses de septiembre, octubre y lo que va de noviembre las instituciones del Estado sometieron 71 solicitudes de procesos de excepción de urgencia a través del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (Snccp) de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Por esta razón el director de la DGCP, Carlos Pimentel, advirtió durante la semana la gran cantidad de solicitudes de procesos de urgencia (PEUR) que incurren en el uso intensivo de la norma de excepción de emergencia explicando que tales procedimientos impiden la realización de otras licitaciones en tiempo oportuno.

Sostiene que la dilatación en el accionar de los funcionarios intervinientes no será considerada como un fundamento válido para alegar razones de urgencia al igual que el no haber iniciado con la antelación suficiente el procedimiento para una nueva contratación, previo a la finalización de un contrato de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios por parte de las instituciones del Estado.

Los procesos de excepción son realizados para cubrir urgencias consideradas como casos fortuitos, inesperados, imprevisibles, concretos y probados que debido a sus condiciones necesitan un proceso sin obstáculo para entender las necesidades requeridas en un tiempo prudente, según indica la DGCP en su página web.

Las 71 solicitudes de urgencia que van del 7 septiembre a la fecha suman un valor de RD$28,415,446,791 que no significa que hayan sido adjudicados. De las solicitudes, 28 fueron procesos adjudicados y celebrados, 13 continúan en estado de “publicado”, 19 cerradas, siete canceladas, y cuatro desiertas.

Las instituciones con más licitaciones realizadas son el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), con cinco procesos de compra; el Ministerio de Salud Pública también con cinco, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, con cuarto al igual que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

También hicieron peticiones de urgencia el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (3), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Puerto Plata (3), Comedores Económicos (3), el Servicio Nacional de Salud (SNS), (3), el Instituto Nacional de Cáncer Rosa E. Tavares (Incart), (2), el Ministerio de Cultura (2), el Ayuntamiento de Boca Chica (2), el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), (2), el Ayuntamiento Municipal de Boca Chica (2), la Corporación Estatal de Radio y Televisión (Certv), (2), la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia (2), el Hospital Marcelino Vélez (2) y la Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), con dos.

Mientras que la Junta de Aviación Civil, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), el Instituto Nacional del Tabaco (Intabaco), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Gobernación del edificio Juan Pablo Duarte, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), realizaron procedimiento de excepción respectivamente.

Además, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la Policía Nacional realizaron una licietación de emergencia en los últimos tres meses.

De acuerdo con el artículo 6, numeral 3, de la Ley No. 340-06 sobre sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (y sus modificaciones), las compras de urgencias deben realizarse para “actividades que, por razones de seguridad nacional, emergencia o urgencia manifiesta que pudieran afectar vidas o la economía del país, previa calificación y sustentación mediante decreto cuando se trate de entidades del Gobierno Central, descentralizadas y autónomas y por resolución de la máxima autoridad competente cuando se trate de las demás entidades”.

Pimentel emitió un comunicado este viernes puntualizando que previo a solicitar una licitación de urgencia las instituciones deben determinar si el bien, servicio u obra a contratar reúne los requisitos o no, para ser considerada una situación de urgencia y no violenta los procedimientos de selección que indica el artículo 6 de la Ley 340-06.