El Senado aprobaría Código Penal con inconsistencias observadas por sectores

El Senado se apresta a aprobar un proyecto de ley de Código Penal, sin modificaciones, como fue sancionado en la Cámara de Diputados y que según el Ministerio Público, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Ministerio de la Mujer y otros sectores tiene inconsistencias que desnaturalizan algunos principios y riñen contra la Constitución.

Al menos esa fue la última decisión adoptada por la comisión especial del Senado, que preside el senador Santiago José Zorrilla, apoderada del estudio de esa iniciativa, que ha causado posiciones encontradas incluso entre los propios senadores.

El informe de la comisión especial deberá ser conocido y sancionado por el pleno senatorial. La legislatura extraordinaria terminará el próximo 15 de agosto y de no ser aprobada la pieza en ese periodo perimirá y deberá ser reintroducida.

Ayer, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, favoreció que el proyecto de ley del Código Penal se pueda enriquecer y que ese hemiciclo se tome su tiempo estudiándolo, ejerciendo su rol como órgano bicameral.

Aunque admitió que él no está de acuerdo con las tres causales que permitirían el aborto, destacó que es importante que el país cuente con un Código Penal robusto y que cada cámara legislativa realice su trabajo como parte del fortalecimiento democrático. Pidió a los diferentes sectores no desesperarse y aseguró que no han recibido presiones ni le han “bajado línea” al respecto.

Las adecuaciones

En el caso del Ministerio Público, representado por la procuradora general de la República, Miriam Germán, entiende que esa pieza legislativa requiere de importantes adecuaciones para lograr una legislación penal moderna, acorde a las necesidades actuales del país y que facilite su correcta aplicación por parte de los operadores del sistema de justicia penal. Cree esas reformas son necesarias por ser aspectos de especial interés para el sistema de justicia y el correcto ejercicio de la política criminal del Estado.

Tanto el Ministerio Público como la comisión de juristas designada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, cuando el proyecto era estudiado en la Cámara de Diputados, han hecho observaciones sobre la corrupción. En esta ocasión, la procuradora general de la República, Miriam Germán, remitió observaciones a unos 84 artículos, las cuales están contenidas en 95 páginas. Entre esas sugerencias figura “conciliar el aumento de la escala general de las penas complementarias, consistentes en inhabilitaciones en las funciones públicas, con las escalas de penas complementarias impuestas en infracciones de corrupción, pues estas últimas exceden con creces la escala general”.

Además, sugiere que los partidos políticos no estén exentos de responsabilidad penal, debido a que como personas jurídicas pueden incurrir en delitos como corrupción y lavado de activos.

Propone agregar otras manifestaciones de violencia, además de la violencia de género, ya consignada en la pieza, como la violencia contra la mujer, económica, patrimonial, psicológica o verbal, observando las tendencias jurídicas modernas. Asimismo, sugirió incluir la orientación sexual entre las causas para penalizar el homicidio agravado, tortura o actos de barbarie agravados. Hizo observaciones sobre el arresto ilegal, el secuestro, proxenetismo o prostitución, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Amplio diálogo

Ayer, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, envió un misiva al presidente del Senado, Eduardo Estrella, en la que afirma ese hemiciclo debe jugar su rol de contrapeso e impulsar un amplio diálogo con la comunidad jurídica, la academia y toda la sociedad sobre el proyecto de ley de Código Penal.

Recordó que el objetivo del bicameralismo es proveer de la mayor legitimidad y mejoras en las leyes.

Expresó que ante el hecho de que la comisión especial del Senado se encamine a emitir un informe favorable del Código Penal sin abocarse a ponderar aspectos sustanciales que han sido señalados para necesaria revisión. La Finjus planteó incluir identidad y orientación sexual en el homicidio agravado, la discriminación y la penalización de la tortura o actos de barbarie agravados. Plantea eliminar la objeción de conciencia para ofrecer un servicio o contratarlo e incluir las tres causales del aborto.

Causan preocupación

El Ministerio de la Mujer explicó a Diario Libre que existe una gran cantidad de aspectos que siguen causando preocupación a esa institución.

Plantea reformas en la tipificación penal de la violencia feminicida, en que la semilibertad y libertad de los fines de semana no se contemple para condenados por infracciones de índole sexual, violencia de género o intrafamiliar y que se penalice la discriminación por “orientación sexual y la identidad de género”.

Además, sugiere agregar las tres causales que permitirían el aborto porque de lo contrario se sancionaría a las mujeres cuando ejercen su derecho a decidir.

Ayer, el diputado Isaac Jiménez, presidente de la Comisión Especial de la cámara baja que estudió esa pieza afirma que la comisión especial del Senado debió ser más diligente. Dijo era improcedente que esa comisión votara para “dejar perimir” la iniciativa y defendió la intensa labor realizada en la cámara baja.

Los senadores Faride Raful, Ginette Bournigal, Yván Lorenzo y Antonio Taveras han insistido en que debe estudiar más a fondo el Código Penal.

Taveras cree que la comisión especial “puso de mojiganga” a todos los sectores consultados sobre esa iniciativa.

El Código Penal fue ayer tendencia número uno en Twitter en la República Dominicana. También, en cuarto lugar llegó a estar el hashtag #YoNoVotePorLaIglesia y en quinto #DontcometoDR.

Los hashtags hacían referencia al mismo tema de la reforma al Código Penal, en rechazo a la postura de las iglesias católica y evangélicas de no apoyar las tres causales propuestas para el aborto y la denuncia de que la nueva pieza pudiera desproteger los derechos de la comunidad LGBTQ.

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, expresó ayer la importancia del debate en torno a la modificación del Código Penal y recordó que también al Poder Ejecutivo le corresponderá rendir su opinión cuando la pieza le llegue desde el Congreso Nacional.

“Este código tiene décadas en el Congreso Nacional, inclusive, yo siendo diputado hace diez años, estaba en proceso de discusión”, recordó. “Es una pieza que ha tenido un trayecto de mucho tiempo, que ha habido varias versiones sobre las que se ha trabajado, y hay elementos (de los que) evidentemente que quizás no todos nos sentimos identificado con cada uno de sus componente y sus detalles”.

El pasado martes, la primera dama Raquel Arbaje publicó en su cuenta de Twitter: “Como presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia siento preocupación por las consecuencias que un Código Penal insuficientemente debatido pudiera tener en el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes”.

Cinco horas después publicó otro tuit para aclarar su posición: “Me gusta ser clara, no me he referido en ningún momento a las 3 causales. Las entiendo, pero no abogo por ellas. Me refiero a las penas por seducción a menores, al crimen organizado de trata. Del 100 % de personas en esa denigrante situación, 40 % son niñas”.

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, Jesús Castro Marte, publicó ayer en la misma red social: “La tarea emprendida por algunos congresistas de desacreditar el Proyecto del Código Penal con la única intención de impedir su aprobación es una muestra de irresponsabilidad y falta de compromiso con el país”. Ayer, el reverendo Domingo Paulino Moya aseguró que “grupos proclives a la sodomía procuran boicotear la aprobación de un Código Procesal Penal que urge la nación para castigar el crimen organizado y el robo al erario público”.