El Congreso se mantiene como escenario principal de la lucha contra reforma a Constitución

El plazo fatal de trece días para que termine la primera legislatura ordinaria del año 2019 en el Congreso Nacional, limita el tiempo para el sometimiento de una ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora para una posible reforma a la Constitución que habilite al presidente Danilo Medina como candidato a un tercer mandato.

La posición de Estados Unidos sobre el conflicto que enfrenta a las dos facciones del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha puesto en jaque a los reeleccionistas que habían impulsado la reforma bajo el argumento de la “alta” popularidad que goza el mandatario y las garantías que este pudiera ofrecer al continuismo del PLD en el poder.

El secretario de Estado de la nación norteamericana Mike Pompeo se comunicó por teléfono con el presidente Medina la tarde del miércoles 10 de julio, en medio de fuertes rumores del sometimiento de un proyecto de ley para convocar a la Asamblea Nacional a través del Senado, y ambos trataron el tema de la reforma constitucional.

“Ambos discutieron la importancia de que todos los actores políticos en la República Dominicana preserven las instituciones democráticas y la adhesión al estado de derecho y la Constitución, particularmente en el periodo previo a las elecciones del 2020”, reportó sobre la llamada telefónica, el portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

Las últimas tres semanas han sido claves en el giro que ha tomado este proceso, que ha tenido como escenario un militarizado Congreso Nacional, donde han acudido distintos grupos políticos y sociales a manifestarse en contra de la modificación de la Constitución.

En la última manifestación, convocada en la mañana del viernes 12 de julio, el precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader, junto a diputados afines logró concertar el apoyo de distintas fuerzas políticas de oposición y llevar hasta el Congreso Nacional una protesta masiva de ciudadanos que exigían el respeto a la Constitución.

En la Cámara de Diputados, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el sector del PLD que responde al expresidente y presidente de ese partido Leonel Fernández, han paralizado los trabajos a través de abstenciones durante las votaciones lo que ha impedido el conocimiento de las iniciativas legislativas que necesitan una votación mínima de 96 de los presentes.

Al respecto, perremeístas y leonelistas han dicho que hasta que “haya un militar” en los alrededores del Congreso Nacional, no participarán en las sesiones.

Si se toma en cuenta el resultado de las votaciones en la Cámara de Diputados los propulsores de la reforma, hasta el momento, contarían con 96 votos en este órgano. Mientras que en el Senado, los danilistas suman 22. Lo que en total serían 118 votos en la Asamblea Nacional, donde ambas cámaras sesionan en conjunto.

Por lo que en caso de que se sometiera una eventual reforma y se convocara a la Asamblea Nacional harían falta 30 votos adicionales para completar los 148 votos equivalentes a las dos terceras partes del que, según la propia Constitución, son necesarios para aprobar una reforma.

Para esto la Constitución explica en su artículo 271 que la Asamblea Nacional Revisora tiene un plazo de 15 días siguientes a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma para lo cual debe contar con un cuórum de la más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras.

La legislatura que se inició el pasado día 27 de febrero culmina el próximo día 26 de julio y con ella pausan los trabajos legislativos. Aunque el presidente de la República tiene la potestad para convocar a una legislatura extraordinaria.

Para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Sus decisiones se tomarán por la mayoría de las dos terceras partes de los votos. No podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de excepción previstos en el artículo 262. Una vez votada y proclamada la reforma por la Asamblea Nacional Revisora, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados.