Dos jueces del TSE hacen fuertes cuestionamientos a sentencia PRD

Los votos disidentes de dos jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) hacen fuertes cuestionamientos a la sentencia adoptada contra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que deja sin efecto todas las decisiones de su XXXIV Convención Nacional Extraordinaria, incluida la ratificación de Miguel Vargas como presidente.

La sentencia establece que no se cumplió con el artículo 192 del estatuto del PRD, que indica que para la validez de las reuniones de los órganos partidarios se requiere de la presencia de más de la mitad de sus integrantes. Ese planteamiento no fue compartido por los jueces Ramón Arístides Madera Arias y Cristian Perdomo , en sus votos disidentes.

Madera Arias consideró que la demanda debió de ser rechazada por improcedente, mal fundada y carente de base legal.

“No estamos de acuerdo con la decisión adoptada por tres de los jueces de este Plenario, y en tal virtud emitimos el presente voto disidente, pues entendemos que declarar de oficio la nulidad de la referida Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, celebrada en fecha 19 de noviembre del año 2017, demuestra una parcialidad manifiesta de la mayoría de los jueces en perjuicio del partido”.

Añade que la decisión es ilegal, ilegítima, arbitraria, dolosa e injusta, porque fue adoptada tomando en consideración “un documento fraudulento, falso, distinto al verdadero, engañoso, apócrifo, sin sello, sin firma y que se refiere a una actividad diferente, es decir, al presunto listado de concurrentes irregular, de la supuesta asamblea de la trigésimo cuarta convención nacional extraordinaria”.

Mientras Perdomo Hernández, sostuvo que el fallo fue fundamentado en la falta de quórum exigido en los estatutos, lo que a su valoración no es cierto.

Planteó que, en el presente caso, las pruebas aportadas al expediente demostraron que, efectivamente, dicho evento partidario se construyó a partir de actuaciones específicas y sucesivas, estrechamente vinculadas entre sí.

Aduce que tanto la Comisión Política (CP), como el CEN y la Convención Nacional Extraordinaria actuaron en el orden y de la forma prevista en los estatutos conforme a sus competencias. Sobre la convención, puntualizó que se trató de un evento celebrado de forma regular.

De las autoridades

Hasta tanto los tribunales resuelvan la crisis que afecta al PRD, Miguel Vargas, continuará fungiendo como su presidente, en virtud de que ocupaba el cargo antes de ser ratificado en la convención anulada por el TSE.

La organización política deberá convocar a su CEN para escoger las nuevas autoridades, un proceso que hará a la par con un recurso de revisión y una demanda en suspensión que entablarán en el Tribunal Constitucional.

La anulación mediante sentencia de la convención del 3 de diciembre del 2017 deja sin efecto la designación de Neney Cabrera, presidente ejecutivo; Tony Peña Guaba, secretario general; Fiquito Vásquez, secretario nacional de organización; Fello Suberví, presidente del Comité del Distrito Nacional, y Juan Santiago, secretario ejecutivo. También a Víctor Gómez Casanova como director nacional de comunicaciones y vocero del PRD, sustituido por el sociólogo Alejandro Abreu.

En consecuencia, habilitaría a Junior Santos como secretario general, dejaría en un limbo el cargo de secretario de organización, pues esa posición la ocupaba Aníbal García Duvergé, quien pasó a las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y mantendría en el cargo a Peggy Cabral, como presidenta en funciones.

Amenazan con juicio político

Los diputados del PRD calificaron de “adefesio jurídico” la decisión del Tribunal Superior Electoral que anuló convención que ratificó a Miguel Vargas Maldonado como su presidente y amenazaron con realizar un juicio político en el Congreso Nacional en contra de los miembros de la alta corte.

En un documento leído por la diputada Lucía Alba, los perredeístas afirmaron que la sentencia del TSE “constituye una grave vulneración del ordenamiento jurídico constitucional dominicano”.

“El TSE confundió su papel de tercero imparcial para incursionar en ámbitos propios de las partes interesadas”, leyó Alba, junto a siete diputados perredeístas, entre ellos el vocero de este bloque José Altagracia González. Los legisladores perredeístas llamaron al Congreso a “asumir su papel constitucional” y “corregir” las acciones -del TSE- que “afectan nuestro estado de derecho”. El diputado González dijo que los tres jueces que firmaron la sentencia cometieron violaciones, incluida una decisión del Tribunal Constiucional, que los hacen pasibles de somerlos a juicio político.