Denuncias de delitos electorales en comicios del domingo “han sido escasas”

A cuatro días de celebradas las elecciones municipales del 18 de febrero, las denuncias por delitos electorales, como compra de votos o sobornos, han sido “muy escasas”, de acuerdo a las informaciones que maneja la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales.

Aunque el referido órgano puede actuar de oficio para investigar supuestas irregularidades durante la pasada jornada electoral, los ciudadanos y grupos sociales pueden interponer denuncias con pruebas. Hasta el momento, las acusaciones han sido limitadas.

El titular de la Procuraduría Especializada de los Delitos Electorales, fiscal Iván Féliz, expresó que el lunes se ofrecerán más detalles y cantidades exactas de las denuncias recibidas hasta el momento, pero no quiso abundar sobre las irregularidades para no entorpecer los procesos de investigación.

El fiscal sostuvo que, durante los pasados comicios del 18 de febrero, el Ministerio Público trabajó de la mano con más de 125 fiscales y agentes de la Policía Militar Electoral en los 158 municipios y reiteró que ahora se encuentra “a la espera de la recepción de denuncias” para materializar los presuntos hechos cometidos en las elecciones.

“Hay algunas denuncias que se están trabajando en las fiscalías y oportunamente se darán a conocer”, sostuvo el procurador especializado.

Compra de votos

En el fragor de las elecciones municipales, organizaciones como Participación Ciudadana denunciaron que, durante los comicios, se hizo evidente la compra de votos, que consiste en el pago de sobornos para favorecer a un partido o candidato en específico a la hora de sufragar.

La observación de Participación Ciudadana fue confirmada por una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que observó las elecciones municipales. El grupo manifestó que en los comicios se ejecutó la compra de votos y que además se hizo proselitismo político en zonas muy cercanas a los colegios electorales, dos delitos electorales que contemplan penas de prisión y multas en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral.

Las principales organizaciones opositoras como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o la Fuerza del Pueblo también insistieron en el hecho de que supuestamente los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) movieron grandes cantidades de dinero para salir favorecidos en las elecciones municipales.