Médicos que provoquen muerte de mujeres por negarles aborto serían condenados a 30 años de cárcel

La Cámara de Diputados conoce un proyecto de ley que busca crear un sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, una iniciativa presentada por la legisladora Magda Rodríguez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La pieza legislativa recoge por lo menos siete formas de violencia contra las mujeres, entre las que se incluye la violencia gineco-obstétrica. El maltrato incluye una pena de hasta 30 años de prisión a los médicos que provoquen la muerte de una mujer por negarles un aborto cuando la vida de la fémina corra peligro en el proceso de gestación.

“Si como resultado de la negación de la realización del procedimiento de interrupción del embarazo, cuando peligra la vida de la mujer, se produce la muerte de ésta, el médico tratante será condenado por homicidio y sancionado con 20 a 30 años de prisión”, detalla el artículo 97 del proyecto depositado en la Cámara Baja.

De acuerdo con el proyecto, la violencia gineco-obstétrica constituye toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de salud en los procesos reproductivos de la mujer. Estos maltratos pueden incluir la afectación de su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo e incluye abuso de técnicas y procedimientos invasivos.

La pieza explica que la violencia obstétrica comprende la esterilización forzada, abuso de medicación, patologización de procesos naturales, denegación a métodos para regular la fertilidad y a la atención integral y tratamiento profesional adecuado durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia.

Otros tipos de violencia

La misma iniciativa menciona otros tipos de violencia contra la mujer como la violencia económica, sexual, emocional, patrimonial, simbólica, política, doméstica, educativa, institucional, comunitaria, mediática, feminicida y ciberviolencia.

Asimismo, incluye la violencia laboral, definida como la agresión por parte de empleadores a través de actos que obstaculicen el acceso de una mujer a un trabajo remunerado y al ascenso o estabilidad en el mismo. También incluye el acoso laboral, el acoso sexual, la exigencia de requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física, y la solicitud de resultados de exámenes de laboratorio para determinar un posible embarazo o VIH.

“También es violencia en el ámbito laboral la disminución del salario correspondiente a la tarea ejercida por el hecho de ser mujer”, puntualiza el documento congresual.

Todos los tipos de violencia tienen condenas de trabajos comunitarios, cárcel, garantías económicas, multas de salarios mínimos y cárcel.

Financiamiento

El proyecto de la diputada Magda Rodríguez busca crear todo un marco de políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres. Para materializar las políticas, el Poder Ejecutivo garantizará la asignación de partidas financieras en el Presupuesto del Estado.

Los recursos para enriquecer el presupuesto serán tomados de donaciones nacionales e internacionales, fondos de la cooperación internacional y fondos provenientes de fuentes lícitas.

Sistema Integral

La propuesta también persigue la creación del Sistema Integral contra la violencia hacia las mujeres que servirá como mecanismo de articulación de las políticas desarrolladas por el Estado e instituciones autónomas.

El Consejo Consultivo del referido sistema estaría integrado por el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional de la Niñez, entre otras entidades públicas.

Comisión

El proyecto de ley fue depositado en la Cámara de Diputados el 13 de octubre y aún no ha sido enviado a una comisión para su estudio. Se espera que, en la próxima sesión de los legisladores, pautada para el martes a las 11:00 a.m., la pieza sea remitida a un equipo de estudio para su análisis y elaboración de informe.