Diputados con cuentas pendientes en la justicia inscriben precandidaturas

A pesar de estar bajo la lupa de la justicia, cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) inscribieron sus precandidaturas en busca de competir en las elecciones del 2024. 

Se trata de Rosa María Pilarte (La Vega), Sergio Moya Goris (Distrito Nacional), Faustina Guerrero Cabrera (El Seibo) y Nelson Marmolejos Gil (Santiago), quienes tienen procesos abiertos ante la Justicia. 

Los legisladores han sido vinculados en operaciones de narcotráfico y lavado de activos en las denominadas operaciones Falcón y Calamar, cuyos casos están en fase de instrucción en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El expediente se conoce en esa instancia por que gozan de inmunidad legislativa.

Marmolejos Gil y Guerrero Cabrera están acusados de formar parte de la presunta red de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada mediante la operación Falcón, implicaciones que investiga un juez especial. En ese caso, también fue involucrado  el diputado perredeísta Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo (Pedernales), quien igualmente busca repostularse en el cargo.

Conforme al Ministerio Público en la operación Falcón hay más de 30 personas involucradas, incluido a los tres diputados, bajo las imputaciones de pertenecer a una red de narcotráfico y lavado de activos que traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico desde el año 2012, lo que -según la acusación- llevó al grupo a acumular inversiones de dinero ilícito por al menos 10,000 millones de pesos.

La sindicada organización fue desmantelada, tras la realización de más de 100 allanamientos en distintos puntos del país, en septiembre de 2021.

Juez Estévez Lavandier

Ese mismo mes de septiembre del 2021, la SCJ designó a Napoleón Estévez Lavandier, como juez de instrucción especial para conocer el proceso contra los legisladores Marmolejo Gil, Guerrero Cabrera y Féliz Féliz. En julio de ese mismo año lo habían designado para el caso de Pilarte López, a quien el Ministerio Público señala como parte de una alegada red de lavado de activos encabezada por su esposo Miguel Arturo López Florencio (Micky López), y uno de sus hijos.

La organización a la que se vincula a los Pilartes supuestamente movilizó en el sistema financiero nacional más de 7 mil millones de pesos en los últimos años.

Mientras Moya, fue señalado por el Ministerio Público por formar parte de una estructura de extorsión a bancas de apuestas dentro de la Operación Calamar. 

Según el expediente acusatorio del caso Calamar, delatores informaron que el diputado Gory Moya era uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería creado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. El juez de la SC, Estévez Lavandier, también está apoderado de su caso.

¡Claro que sí!

Los legisladores del PRM fueron contactados ayer en la Cámara de Diputados y tras ser preguntados sobre si inscribieron sus precandidaturas respondieron que sí. 

De igual modo, el legislador Féliz y Féliz fue cuestionado, respondiendo que procederá a su inscripción durante el proceso del PRD que se inicia el 7 de este mes.  Los diputados no quisieron ofrecer más declaraciones, bajo el argumento de que se encontraban en sesión.

Del  proceso PRM

Los congresistas inscribieron sus precandidaturas durante una jornada que comenzó el pasado jueves 29 de junio y culminó el pasado domingo 2 de julio.

Las inscripciones  se realizaron para las precandidaturas a senadores, diputados, alcaldías, regidurías y las direcciones y vocalías.

Durante la jornada se inscribieron 4,392 aspirantes a cargos electivos, de ellos 63 senadurías, 355 a diputados, 348 a alcaldes,  2,104 regidores, 996 vocales y 402 directores distritales.

Actualmente la Comisión Nacional de Elecciones Internas se encuentra en una fase de depuración, ya que tienen hasta el 17 de agosto para enviar la lista de los precandidatos a la Junta Central Electoral (JCE).

De la inmunidad

La Constitución dominicana establece en su artículo 86 que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.

Finjus dice no tienen impedimentos y pueden inscribirse

El hecho de que una persona esté sub uidice o que contra ella se presente una acusación, ese mero hecho no lo inhabilita para presentarse como candidato en un proceso electoral.

La afirmación la hizo el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, apegado a las prerrogativas de la Ley 33-18 de Partidos Políticos.

“La Ley de Partidos no contempla como requisito eso”, apuntó al tiempo de señalar que correspondería a los partidos, eventualmente, como política interna establecer los requisitos y ver si ellos no chocan con la Constitución.

Hizo hincapié en que hasta tanto no haya una sentencia definitiva, la realidad es que cualquier persona puede presentarse como candidato o precandidato.

“Ese es un derecho, pues existe la presunción de inocencia, existe el debido proceso, y la Constitución ampara eso, evidentemente ahí hay un tema de carácter moral si se quiere, pero que no limita a que esa persona se presente como candidato”, destacó Castaños Guzmán al ser preguntado sobre el tema.