Esfuerzos dispersos en estudio leyes Electoral y de Partidos evidencian falta de consenso

Los esfuerzos dispersos que se observan sobre los proyectos de leyes No. 15-19 del Régimen Electoral y No. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos o de manera conjunta, conocidos como el Código Electoral, al analizarlos en tres escenarios distintos, simultáneamente, evidencian que los partidos políticos aún no logran ponerse de acuerdo, ni en cuanto a la forma y ni al fondo de su estudio, lo que podría dificultar su aprobación. 

Este lunes, representantes de partidos políticos y de organizaciones, como Participación Ciudadana, presentaron sus observaciones durante unas vistas públicas organizadas por la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados y en una comisión especial continuaban el estudio de los proyectos de ley depositados por el máximo organismo electoral y de registro civil. Las mismas iniciativas son objeto de estudio desde hace tres meses en el marco del “Diálogo para las Reformas”, que coordina el Consejo Económico y Social (CES), sin que se hayan logrados avances.

Leidy Blanco, quien presentó las observaciones de Participación Ciudadana durante las vistas públicas y fue entrevistada por los periodistas, aunque dijo que los espacios son muy importantes, expresó que la diversidad de éstos podría complicar más el proceso y contribuir a dilatarlo.

“Sin embargo, lo más importante aquí es que los partidos políticos lleguen a un acuerdo para que la República Dominicana tenga leyes cónsonas con lo que necesita para un próximo proceso electoral”, señaló. 

Añadió que tienen más de tres meses en el CES trabajando el tema de la reforma electoral y todavía, a pesar de que los partidos y diferentes sectores han entregado algunas modificaciones, “todavía no tenemos los puntos claros y eso sí nos llama a la preocupación”.

Indicó que se necesita que la JCE tenga tiempo para aplicar la ley y que las reformas a las leyes vigentes sean aprobadas en el Congreso Nacional antes de agosto venidero para que, tanto el órgano electoral y los partidos políticos, tengan tiempo para realizar las adecuaciones de rigor.

Indicó que, aunque está de acuerdo con que las leyes 15-19 y  33-18 sean modificadas por separado, entiende que lo más importante es que el país cuente con esas normativas actualizadas, sin importar si es de manera fusionada o no.

El presidente de la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, Elías Wessin Chávez, consideró que cuando las piezas que estudia el Senado sean remitidas a la Cámara Baja el pleno de ese organismo debería decidir fusionar esas iniciativas.

Wessin, del Partido Quisqueyano Democrático Cristiano (PQDC), dijo que los insumos que saldrían de las vistas públicas serían beneficiosos y destacó que los trabajos que realizan están muy avanzados. 

Tanto Pedro Martínez, vocero del bloque de diputados de Alianza País, y Wessin consideran que lo correcto hubiese sido que la JCE hubiese depositado sus anteproyectos de reformar a esas leyes ante esa comisión, que ya tenía un tiempo analizando esas modificaciones.

Las observaciones

Durante las vistas públicas, Leidy Blanco, en representación de Participación Ciudadana, sugirió que se establezca la obligatoriedad de los debates electorales para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y el límite de gasto por campañas electorales por partidos políticos.

Además, la entidad no partidista precisó que respalda los topes de gastos para cada candidato propuesto por la Junta Central Electoral (JCE).

Asimismo, respalda la fórmula de repartición de escaños denominada Método D’ Hondt para diputados, regidores y vocales y que se establezcan sanciones por falsedad y crímenes en materia electoral.

Destacó la importancia de crear la Dirección de Investigación y Persecución de Delitos y Crímines Electorales y que esta sea dirigida por un Procurador General Adjunto o un Procurador General de Corte de Apelación.

En tanto que, Javier Hubiera, de la Fuerza del Pueblo, manifestó que ya hay aspectos que el Tribunal Constitucional ha dejado establecido a través de sentencias, como, por ejemplo, con respecto a la distribución de los recursos económicos a los partidos políticos.

También, dijo que el silencio administrativo debe regularse y administrarse de una forma diferente, porque cuando los partidos políticos presentan una solicitud, a veces, el órgano electoral responde en un tiempo que no es muy hábil.

Favoreció que la JCE rinda cuentas de las acciones que impulsa con regularidad.

Sugirió que se permita la distribución de los recursos económicos del exterior a la diáspora.

“Hace falta regular bien los tiempos de campaña y que se establezcan con determinación estos tiempos”, analizó.

Sobre el tema hablaron Tácito Perdomo y Ramón Feliz Madera, en representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Perdomo, quien es delegado político del PRSC ante la JCE, dijo que hay unas ocho leyes que están vinculadas a elecciones electorales que deberían ser revisadas e incluidas en el Código Electoral para que no se conozcan de forma dispersa.

“Creemos que hay tiempo (de revisar esas leyes) que quizás falte voluntad política, pero tiempo hay”, expresó.

Al agotar un turno, Benito Mariano Vidal, representante de la Alianza por la Democracia (ADP), hizo observaciones sobre los gastos de campaña y el control del gasto, la inequidad del sistema, el régimen sin consecuencias, la democracia interna y otras propuestas de reformas.

Cuestionó que no existe un régimen de consecuencias en la actualidad que permita disuadir a los que, con impunidad violan las leyes de forma reiterada.

“El sistema está organizado para que aquel que compra votos, el que recibe dinero ilegal y lo usa con éxito para alcanzar una curul o el que inicia una campaña a destiempo no tenga porqué preocuparse: no le pasará nada”, reflexionó.

Durante la audiencia Roberto Acevedo, presentó las observaciones del Frente Amplio. Sobre el voto preferencial planteó que se incluyan las listas desbloqueadas y abiertas para la escogencia de las autoridades municipales, distritales y de diputados. Eso permitiría, a su entender, al votante escoger por una proporción o totalidad de candidatos.

Otra sugerencia del Frente Amplio es establecer el voto electrónico en las elecciones de 2024 de forma transitoria y que quede establecido ese método para las elecciones de 2028.

Además, planteó que los cargos de diputados nacionales sean asignados a los partidos que obtengan el 1 % o más de los votos válidos emitidos y que no hayan obtenido representación congresional solos o en alianzas electorales.