Renuncia de 135 dirigentes revela diferencias internas en Alianza País

La renuncia de 135 dirigentes, miembros y afiliados del partido Alianza País, a través de una carta pública en la que denuncian atropellos, falta de transparencia e institucionalidad y presuntas acciones de corrupción, evidencia diferencias internas en esa organización pública.

En el documento, remitido a los medios de comunicación, los dirigentes de La Esperanza, Los Frailes, El Almirante y Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este; del núcleo Antonio Soriano, de Boca Chica, y de los núcleos 24 de abril y Villa Consuelo, del Distrito Nacional, argumentan que su decisión está fundamentada en los atropellos, la falta de respeto, la negación de sus derechos, persecuciones, violaciones a los estatutos, entre otras razones.

El grupo de renunciantes, que se identifica por nombre y número de cédula de identidad, considera penoso que el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, "asuma posiciones antidemocráticas, dictatoriales y autoritarias, y que busque perpetuarse", lo que aseguran, ocurre con los dirigentes políticos, Ramón Vargas, coordinador de Santo Domingo Este, y Wellington Martínez, secretario de organización. 

Los denunciantes exponen, además, la supuesta "declaración jurada falsa" de la vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Ángela Henríquez y que ésta cobre viáticos, los cuales están prohibidos en esa organización.

También, argumentan que hasta la fecha Alianza País, tras 13 años de existencia, no ha presentado su primera rendición de cuentas, a excepción de los informes realizados a la Junta Central Electoral (JCE) y con relación a una rifa que realizan cada año.

Otro argumento es que el partido tiene una nómina de empleados y que se desconoce qui+enes son y a cuánto ascienden los salarios que devengan.

"Hemos solicitado un informe de los ingresos y egresos del partido, ya que recibimos fondos públicos y (el partido) está obligado a suministrar la información requerida por cualquier ciudadano y más aún si es un miembro de la organización", expresan en el documento.

También, acusaron a sus ex compañeros de partido, Ángela Henríquez, al diputado Pedro Martínez y al profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Vásquez, de “mala conducta, clientelismo político y abuso de poder”.

Rememoraron que en el año 2016 con esos dirigentes el grupo firmante comenzó a tener problemas a raíz de denuncias que hicieron de que el profesor Vásquez se habría prestado, en componenda con Pedro Martínez, de chantajear a estudiantes, haciendo uso y abuso de poder obligándolos a participar en actos de campaña.

Argumentaron que tras esa denuncia se nombró una subcomisión de la comisión política para hacer una investigación al respecto y que las investigaciones dieron como resultado que sancionaran a los dirigentes que presentaron las acusaciones.

Relatan que, en las elecciones del 2020, los conflictos internos se agudizaron debido a que un grupo de aliancistas insistían en que ese partido apoyara al actual alcalde Manuel Jiménez, pero que ese planteamiento contó con el rechazo radical de Pedro Martínez, Ramón Vargas y Ángela Henríquez.

Expresan que Henríquez les exhortó a que se fueran a formar parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para apoyar al actual alcalde y que incluso el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, les amenazó con disolver el partido en ese municipio si se mantenían los conflictos.

Argumentan que posteriormente, cuando se acertaban los comicios, la comisión política decisión pactar con el PRM y apoyar a Jiménez.

“Es penoso ver cómo Guillermo Moreno asume posiciones antidemocráticas, dictatoriales y autoritarias, cuando pedíamos mayor participación y que se le buscara solución a los conflictos internos, al punto de amenazarnos con destruir el partido en el municipio si continuábamos ese camino, como si el partido fuera de su propiedad y no una institución donde los miembros tenemos derechos. Esa conducta del presidente del partido también la reproducen algunos dirigentes cercanos a él”, sostienen.

Entre las acusaciones figuran la supuesta “reestructuración ilegal” del Equipo de Coordinación Municipal de Santo Domingo Este, la falta de entrega de fondos al diputado nacional Pedro Martínez, quien fungía como Coordinador del Consejo de la Provincia de Santo Domingo, a los candidatos a cargos electivos durante las elecciones del 2016; y el voto a favor del contrato de Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina por parte de los diputados Martínez y José Horacio Rodríguez, el cual consideran es lesivo para el país.

Supuestas “malquerencias”

El diputado de Alianza País, Pedro Martínez, atribuyó a “malquerencias” la renuncia del grupo de dirigentes y afirmó que si sus acusaciones fueran ciertas hicieran uso de los mecanismos legales a su disposición.

Aseguró que la inmensa mayoría de los firmantes en realidad no han sido miembros de Alianza País y que otros ya no lo son, porque se encontraban hace meses fuera de esa organización política.

“Si fueran ciertas (esas acusaciones) podrían hacer uso de los mecanismos legales a su disposición. Se trata de malquerencias por logros no alcanzados”, argumentó.

Afirmó que todos los aspectos que el grupo señala fueron discutidos y resueltos internamente en cada momento.

Sin embargo, el dirigente político admitió que “cualquier salida a cualquier partido le afecta” debido a que “toda salida de personas de un partido es mala” y que en las próximas semanas Alianza País realizará varios actos de juramentación de nuevos miembros.

En su caso personal, defendió su "conducta, carácter, cumplimiento y actitud política" debido a que “en cuanto a mi hablan mis hechos, ya en la Cámara de Diputados, por ejemplo, todo el mundo me conoce”.