Los 12 fideicomisos que ya funcionan

El fideicomiso público no es un instrumento jurídico nuevo en la República Dominicana sino que está vigente desde el año 2011, luego de la puesta en vigencia de la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, durante el gobierno de Leonel Fernández y fue iniciado hace nueve años, en el año 2013, en el gobierno de Danilo Medina.

Hasta el momento, en el lapso, se han creado 22 fideicomisos públicos, aunque solo han sido puesto a funcionar 12 y de esa cantidad, seis fueron impulsados en la gestión gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

En ninguno de los casos se ha dado la privatización de los bienes del Estado, cedidos a los patrimonios fideicomitivos.

Entre los fideicomisos públicos firmados, dos están pendientes de aprobación en el Senado: el de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) y el de desarrollo turístico de Pedernales (Pro Pedernales).

El expresidente Leonel Fernández rubricó el reglamento de aplicación de la Ley No. 189-11, mediante el decreto No. 95-12. El acápite d, del artículo 4, del referido dictamen, establece que: “Fideicomiso Público: Es aquel fideicomiso constituido por el Estado o cualquier entidad de Derecho Público con respecto a bienes o derechos que formen parte de su patrimonio o con el objetivo de gestionar, implementar o ejecutar obras o proyectos de interés colectivo”.

Es por esa razón, que el gerente general de la Fiduciaria Reservas, Andrés Van der Horst, afirma que durante los gobiernos peledeistas de Leonel Fernández y Danilo Medina se otorgó el aval legal y la legitimidad a los fideicomisos públicos.

Atribuyó los ruidos generados sobre esa figura al desconocimiento que existe en el país sobre el tema, por tratarse de la aplicación de una ley nueva, de apenas 11 años de vigencia y a la irresponsabilidad de algunos políticos que se han referido sobre el tema.

“La gente dice que no existe el fideicomiso público… Claro que existe legalmente y legítimamente… Por eso me extraña que el expresidente Leonel Fernández diga que no existen cuando él mismo firmó el reglamento donde se le da la existencia mediante decreto”, expresó.

Vander Horst también señaló que la Ley 189-11 establece que pueden realizarse varias modalidades de fideicomisos, lo que abre la puerta también para los fideicomisos públicos.

Recalcó que el fideicomiso “es legal pero también legítimo que en el país existe un fideicomiso público desde el 2013 funcionando bien y tenemos otro desde el año 2014”, al referirse al Fideicomiso Público e Irrevocable para la Operación, el Mantenimiento y la Expansión de la Red Vial Principal en la República Dominicana (Fideicomiso RD Vial) y al Fideicomiso de Viviendas a Bajo Costo República Dominicana (VBC RD) o Ciudad Juan Bosch.

Fideicomisos públicos desde  el gobierno de Danilo

Del total de fideicomisos establecidos en el país, seis corresponden a la administración de Medina y 16 han sido impulsados por el gobierno del presidente Luis Abinader. Pero de esa última cantidad solo otros seis se encuentran operando de acuerdo a lo informado por la Fiduciaria Reservas.

Además, durante la gestión gubernamental actual se han firmado desde el Poder Ejecutivo y aprobado en el Congreso Nacional tres addendas sobre el contrato de fideicomiso público impulsado por Medina para construir viviendas a bajo costo. Se trata de las addendas 3, 4 y 5 de la referida iniciativa.

RedVial

El primer fideicomiso público existente en el país es el creado para la Operación, Mantenimiento y la Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana.

El contrato fue suscrito el 18 de octubre de 2013, por Gonzalo Castillo Terrero, en ese momento ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; Enrique A. Ramírez Paniagua, presidente del Consejo de Administración de la Fiduciaria Reservas y César Díaz Rodríguez, gerente general y gestor fiduciario de la Fiduciaria Reservas.

El expresidente Danilo Medina autorizó su creación, avalado en la ley 189-11, a través del Decreto 327-13, el cual establece, en su artículo 5, que la duración de dicho fideicomiso público será de 30 años. Transcurrido ese plazo, salvo prórroga expresa por decisión del Fideicomitente, se extinguirá y se revertirá el patrimonio fideicomitivo al Estado dominicano, en calidad de fideicomisario.

El objetivo del Fideicomiso RD Vial es asegurar el adecuado funcionamiento de la Red Vial Principal, así como la ejecución de las actividades de financiamiento, actuaciones y obras necesarias para su ampliación, rehabilitación, conservación y/o mantenimiento. 

El artículo 6, del referido dictamen presidencial, establece que el patrimonio fideicomitivo estará integrado de los derechos de uso y explotación de los bienes públicos necesarios para la prestación de los servicios viales, entre los cuales se encuentran los derechos de uso y explotación de infraestructura de las estaciones de peaje que se indiquen en el contrato constitutivo.

Además, los derechos de cobro y recaudación de peajes que operan en la Red Vial Principal, más los derechos de cobro y recaudación en las estaciones de peaje que sean incorporadas, entre otros.

El segundo fideicomiso es Viviendas a Bajo Costo República Dominicana (VBC RD), que constituye el primer proyecto habitacional construido en alianza público-privada que tiene una duración de 20 años.

Dicho contrato fue suscrito el 3 de octubre de 2014, por Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, en representación del Estado dominicano en calidad de Fideicomitente; Enrique Ramírez y César Díaz Rodríguez, presidente del Consejo de Administración y gerente general y gestor fiduciario de Fiduciaria Reservas.

Avala el contrato el decreto 241-14 , del 17 de julio del 2014, que ordena la constitución de un fideicomiso público e irrevocable de desarrollo inmobiliario de viviendas de bajo costo, a ser denominado fideicomiso para la construcción de viviendas de bajo costo de la República dominicana (Fideicomiso VBC-RD).

Según explicó Vander Horst, se trata de un fideicomiso público porque implica la enajenación de terrenos del Estado para ser usados para la construcción de las viviendas en la Ciudad Juan Bosch.

Los demás fideicomisos públicos impulsados durante el gobierno de Medina fueron el de Administración de Flujos de Plan de Viviendas de la Policía Nacional, el Parqueat-RD, que abarca un Plan Nacional de Parqueos de uso público; el de Movilidad y Transporte (Fimovit) para organizar, modernizar y desarrollar el sistema de transporte y el de Administración y Garantía del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodusu).

Este último busca financiar y auspiciar el pago de becas y manutención de estudios para la formación de los maestros de excelencia, dentro de la oferta académica del Isfodosu.

Todos los fideicomisos públicos rubricados y puestos en vigencia hasta la fecha están amparados en la Ley 189-11 para el desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso y su reglamento de aplicación o decreto No. 95-12.

Fideicomisos de Abinader

El primero, de los seis fideicomisos públicos puestos a funcionar durante la gestión gubernamental actual, fue el del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda) que tiene como fin crear políticas y canalizar los recursos para el levantamiento de viviendas de interés social. Con ese fin fue dictado el decreto No. 191-21, el 22 de marzo de ese año. El contrato, suscrito el 23 de agosto de 2021, fue aprobado en la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2021 y en el Senado el 16 de noviembre, del mismo año.

El Fideicomiso Público de Administración Mi Vivienda, suscrito entre el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Fiduciaria Reservas, el 13 de abril de 2021, es otra iniciativa impulsada por Abinader. Mediante éste se crea un mecanismo administrativo y financiero para asegurar el desarrollo de proyectos habitacionales a bajo costo como forma de disminuir el déficit habitacional existente.

La iniciativa fue aprobada en el Senado de la República el 21 de septiembre de 2021 y el 2 de noviembre, del mismo año, en la Cámara de Diputados.

Figuran también entre los fideicomisos vigentes el público-privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Fideicomiso DO Sostenible), el cual está avalado en la Ley General de Gestión integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20.

Asimismo, fue creado el Fideicomiso Público de Administración del “Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz” (PNVFF) que tiene como objetivo implementar un sistema con instituciones públicas y privadas para la generación de soluciones de viviendas.

Además, con la finalidad de crear estructuras legales, financieras y administrativas independientes fue creado el Fideicomiso Nacional de Promoción Cultural de Arte Público (Fideicomiso Arte Público). El último fideicomiso vigente de la lista, confirmada por la Fiduciaria Reservas, es el creado para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram), suscrito el 12 de octubre de 2021.

Esta avalado en el decreto 620-21 y en la aprobación de ambas cámaras legislativas.

¿Decreto o  contratos?

Algunos fideicomisos públicos han tenido que ser aprobados en el Congreso Nacional, lo que fue atribuido a Vander Horst a que se trata de acuerdos en los que se enajenan bienes del Estado, para pasar a formar parte del patrimonio fideicomitivo. Puso como ejemplo los fideicomisos de Arte Público y el de Movilidad y Transporte (Fimovit) en los cuales no se enajena nada y solo fueron establecidos por decreto. “Las razones por las cuales un contrato debe ir al Congreso Nacional están establecidas en la Constitución de la República, una ley puede venir a aclarar algún tema puntual relacionados con los detalles del procedimiento, sin embargo, nunca pudiera ir en contra de lo establecido en la Carta Magna”, expresó Van der Horst.

Sin entrar en vigor

Según el gerente general de la Fiduciaria Reservas hay fideicomisos públicos que se han firmado que no han entrado en vigor y explicó que se debe a que el fideicomitente no los ha puesto a funcionar. Entre ese grupo de fideicomisos públicos se encuentran el denominado Proparques que buscaba ampliar, construir, operar y remozar parques industriales y de zonas francas y el Fideicomiso de Masificación del Gas Natural Vehicular (Masgas) que tenía como fin fomentar y promover la masificación del uso del gas natural vehicular, como alternativa de ampliación y diversificación de vehículos alternativos para reconversión a gas natural del parque vehicular.

Además, el fideicomiso público del Fondo de Contrapartida Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento (Confie); el del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir); el de Créditos Educativos, el de Cohesión Territorial, el de Patrimonio Público Recuperado y el impulsado para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN).

Reforma a ley 189-11

El gerente general de la Fiduciaria Reservas, quien integra una comisión que fue creada por Decreto para revisar la Ley 189-11 que tiene una vigencia de 10 años, aboga para que sean eliminadas algunas distorsiones en esa disposición legal. 

Precisó que existen aspectos que hay que resolver que no solo son relativos al fideicomiso y puso como ejemplo que existan tres instituciones públicas que fungen como órganos de regulación y de tutela; las superintendencias de Bancos y de Valores y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Para él, la Superintendencia de Bancos, como ocurre en Panamá y Colombia, debe ser la que tenga a cargo esa regulación y tutela de las fiduciarias. “Los fideicomisos son regulados por tres instituciones. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso trae distorsiones y sobrecostos y además no es eficiente. Por ejemplo, la DGII  ¿por qué tiene que regular las fiduciarias?”, se cuestiona.

Detalló entre otros de los temas pendientes de resolver es eliminar la doble tributación que tienen los fideicomisos y puso como ejemplo, el fideicomiso sucesoral, que es el que se hace para dejar herencias. “Esas cosas hay que eliminarlas porque recuerde que el fideicomiso se hizo dentro del marco de una política de desarrollo inmobiliario”, expresó. 

Trabajan en Proyecto 

El Poder Ejecutivo se encuentra inmerso en estos momentos en volver a elaborar un proyecto de ley que tenga como propósito regular los fideicomisos públicos.

La información fue confirmada a DL por Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. “Estamos trabajando en eso. Espero que esté listo para entonces”, en referencia al inicio de la legislatura ordinaria prevista para el 27 de febrero próximo.

En la pasada legislatura ordinaria, que concluyó el 12 de enero, perimió en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que buscaba regular el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crear el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos (Cenafip).

Al ser cuestionado al respecto, el gerente general de la Fiduciaria Reservas, Andrés Van der Horst, consideró que hay que establecer bien claro, ya sea a través de una ley o un decreto qué es deuda pública y qué no.

Recordó que el pasado 3 de diciembre, a través del fideicomiso RD Vial, fueron colocados al mercado 22 mil millones de pesos y dijo que ese tipo de endeudamiento no se paga con los recursos económicos provenientes de  los impuestos sino con los peajes, los cuales no están contemplados en los presupuestos generales del Estado y no pagan impuestos. Indicó que esas deudas se pagan con los resultados de las operaciones financieras que se realicen.

También desmintió que esos financiamientos a través de fideicomisos públicos se hagan con el interés de ocultar la cantidad de endeudamiento tomado.

Dice fideicomisos públicos ayudan a despolitizar

El gerente general de la Fiduciaria Reservas, Andrés Van der Horst, afirmó que los fideicomisos públicos no se politizan lo que contribuye a la transparencia de los mismos y a mejores resultados.

Atribuyó al gran desconocimiento que tiene la población sobre el tema y a la irresponsabilidad de los políticos todas las dudas y cuestionamientos que se han generado sobre los fideicomisos públicos.

“Los fideicomisos públicos no se politizan. Ahí esta RD Vial que sin dejar de ser del Estado deja beneficios todos los años. Esos beneficios le dan la capacidad de buscar más dinero sin tener que irse a endeudar al gobierno para seguir haciendo carreteras”, sostuvo.

Otro ejemplo que puso fue el de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica (EDEs) en las cuales el Estado demostró que no tiene capacidad de gestión y por eso, esas empresas públicas   tienen una sobre población de empleados y han dejado muchas pérdidas económicas. 

También, citó la concesión del peaje sombra de la carretera de Samaná que en 15 años se ha pagado tres veces y que con esos recursos se hubieran construido otras obras viales.

“El gobierno anterior sabe muy bien lo que le funcionó y no quiere  que a este gobierno le funcione... hay mucho desconocimiento (sobre el tema) y hay mucha irresponsabilidad política también porque hay políticos que satanizan la figura del fideicomiso público”, analizó.

Van der Horst analizó que la oposición siendo gobierno dictó la entrada en vigor de la ley No. 189-11 y puso a funcionar fideicomisos públicos de forma exitosa y ahora reclama que exista una ley que los regule. 

Aseguró que en otros países no existe una normativa para esa figura sino que se han aprobado leyes de fideicomisos privados y reglamentos de fideicomisos públicos.