Finjus recomienda al Poder Ejecutivo observar el Código Penal si ese proyecto de ley es aprobado en el Congreso

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) recomendó este viernes al Poder Ejecutivo observar el proyecto de ley del Código Penal, si esa pieza es aprobada por el Congreso Nacional porque se estaría violentando el procedimiento parlamentario y la Constitución.

A través de un comunicado, el vicepresidente ejecutivo de esa entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, advierte que resulta un hecho confuso que el proyecto de ley, aprobado en el Senado y cuyo informe de la comisión bicameral fue desechado, pareciera que fue dejado sobre la mesa.

“Si conforme los trámites legislativos correspondientes se envía finalmente el proyecto al Poder Ejecutivo, recomendamos que éste sea observado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución dominicana”.

Se refiere a la atribución constitucional que tiene el Poder Ejecutivo de observar una ley.

Para él la búsqueda de soluciones a las propuestas y normativas debe descansar sobre la certeza y el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales y al fortalecimiento de los poderes públicos.

“Resulta evidente la vulneración a los procedimientos legislativos indicados en nuestra Constitución, ya que se interpreta del rechazo del informe, el mismo destino del propio proyecto de ley; lo cual es una violación a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Leyes”, expresa.

Cita en el documento el artículo 107 que reza que: “los proyectos de ley rechazados en una cámara no pueden presentarse en ninguna de las dos cámaras hasta la legislatura siguiente”.

Castaños Guzmán añade que “De igual modo, si bien se pretendiere presentar el Proyecto de Código Penal más reciente como un asunto nuevo para esta legislatura, es un hecho incontrovertible que su objeto no ha variado y, por tanto, la pieza normativa sobre la cual rindió informe una nueva Comisión Especial resulta tener los mismos fines que aquella que fue rechazada o, en cualquier caso, puesta sobre la mesa sin decisión definitiva”.

Para el destacado jurista resulta peligroso para la institucionalidad democrática del país que un órgano encargado de legislar y fiscalizar actúe de forma sorpresiva y confusa, lo que, a su entender, podría generar graves repercusiones para el necesario fortalecimiento de los procedimientos legislativos.