Palestina se estrena en CPI con un panorama de opciones incierto
Esa incorporación le sitúa al nivel de otros 122 estados en el sistema internacional
JERUSALÉN.- Palestina se convirtió en miembro oficial de la Corte Penal Internacional (CPI) en un histórico paso que parte de su estrategia de solucionar el conflicto con Israel en la arena internacional, tras años de negociaciones fallidas.
"La adhesión a un tratado es, por supuesto, sólo el primer paso. La entrada en vigor del Estatuto de Roma para Palestina supone que Palestina adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que conlleva ser un Estado Parte en el Estatuto", dijo la vicepresidenta segunda de la Corte y jueza, Kuniko Ozaki.
Con el enésimo fracaso de las negociaciones con Israel auspiciadas por EEUU el pasado abril, y ante la imposibilidad de acordar una base común para abordar el fin del conflicto, los palestinos decidieron volcar sus esfuerzos en la búsqueda de una solución fuera de Oriente Medio y apostaron por reforzar la internacionalización de la disputa mediante la adhesión a tratados y organizaciones internacionales.
La adhesión a la CPI fue su último envite, y quizás el más importante, en la ruta iniciada en 2011 con la solicitud de pertenencia a la UNESCO y tras firmar otros 40 tratados y convenciones.
Además de adherirse, los palestinos se acogieron al artículo 12.3 para poder reivindicar la jurisdicción retroactiva de la Corte desde el 13 de junio de 2014, inicio de una gran campaña militar israelí tras la desaparición de tres adolescentes judíos en Cisjordania.
Esta operación desembocó en la mayor ofensiva militar contra Gaza desde 1967 y se saldó con la muerte de más de 2.200 palestinos y 70 israelíes, así como con más de 11.000 heridos y una gran devastación de infraestructuras y viviendas en la franja, que ahora la Corte podría investigar.
Antes de dar su próximo paso, los palestinos esperarán a ver como avanza el examen preliminar abierto hace menos de tres meses por la fiscal Fatou Bensouda sobre posibles violaciones o crímenes de guerra cometidos desde junio en los territorios palestinos ocupados, una causa abierta por iniciativa de la letrada y que ellos desean se centre en la ofensiva en Gaza y la expansión de los asentamientos.
Funcionarios palestinos afirman que, a partir de hoy, se mandarán documentos que han sido recopilados y que aportarían pruebas sobre casos susceptibles de examen judicial, aunque en este proceso es la fiscal la que decide qué y quién debe ser investigado.
La jurisdicción del Tribunal es extensible a cualquier posible crimen de guerra cometido en los territorios palestinos ocupados desde 1967, y por tanto convierte a Israel en el principal blanco de las investigaciones como potencia ocupante, a pesar de que este país no es firmante del Estatuto de Roma ni miembro de la CPI.
Según las bases fundamentales de la CPI, este tribunal busca "acabar con la impunidad de los perpetradores de esos crímenes (de guerra, contra la humanidad, genocidio y agresión) y por lo tanto contribuir a la prevención de estos crímenes", encontrando responsables a individuos y no estados.
Un principio que para los palestinos representa un arma de doble filo, porque quedarán expuestos también a partir de hoy a la jurisdicción de la Corte.
Tal es el caso por ejemplo de los ataques con cohetes contra territorio israelí, calificado la semana pasada como "crimen de guerra" por Amnistía Internacional, que alegó que milicianos de Hamás y la Yihad pusieron en peligro tanto a la población civil israelí como a la palestina.
En medio del optimismo palestino por esta adhesión, que esperan que sirva como un escudo protector frente a las violaciones de Israel de sus obligaciones como potencia ocupante, los analistas coinciden en señalar que cualquier causa en la CPI puede llevar años por lo que no hay que esperar drásticos desarrollos a corto plazo.
"La adhesión a un tratado es, por supuesto, sólo el primer paso. La entrada en vigor del Estatuto de Roma para Palestina supone que Palestina adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que conlleva ser un Estado Parte en el Estatuto", dijo la vicepresidenta segunda de la Corte y jueza, Kuniko Ozaki.
Con el enésimo fracaso de las negociaciones con Israel auspiciadas por EEUU el pasado abril, y ante la imposibilidad de acordar una base común para abordar el fin del conflicto, los palestinos decidieron volcar sus esfuerzos en la búsqueda de una solución fuera de Oriente Medio y apostaron por reforzar la internacionalización de la disputa mediante la adhesión a tratados y organizaciones internacionales.
La adhesión a la CPI fue su último envite, y quizás el más importante, en la ruta iniciada en 2011 con la solicitud de pertenencia a la UNESCO y tras firmar otros 40 tratados y convenciones.
Además de adherirse, los palestinos se acogieron al artículo 12.3 para poder reivindicar la jurisdicción retroactiva de la Corte desde el 13 de junio de 2014, inicio de una gran campaña militar israelí tras la desaparición de tres adolescentes judíos en Cisjordania.
Esta operación desembocó en la mayor ofensiva militar contra Gaza desde 1967 y se saldó con la muerte de más de 2.200 palestinos y 70 israelíes, así como con más de 11.000 heridos y una gran devastación de infraestructuras y viviendas en la franja, que ahora la Corte podría investigar.
Antes de dar su próximo paso, los palestinos esperarán a ver como avanza el examen preliminar abierto hace menos de tres meses por la fiscal Fatou Bensouda sobre posibles violaciones o crímenes de guerra cometidos desde junio en los territorios palestinos ocupados, una causa abierta por iniciativa de la letrada y que ellos desean se centre en la ofensiva en Gaza y la expansión de los asentamientos.
Funcionarios palestinos afirman que, a partir de hoy, se mandarán documentos que han sido recopilados y que aportarían pruebas sobre casos susceptibles de examen judicial, aunque en este proceso es la fiscal la que decide qué y quién debe ser investigado.
La jurisdicción del Tribunal es extensible a cualquier posible crimen de guerra cometido en los territorios palestinos ocupados desde 1967, y por tanto convierte a Israel en el principal blanco de las investigaciones como potencia ocupante, a pesar de que este país no es firmante del Estatuto de Roma ni miembro de la CPI.
Según las bases fundamentales de la CPI, este tribunal busca "acabar con la impunidad de los perpetradores de esos crímenes (de guerra, contra la humanidad, genocidio y agresión) y por lo tanto contribuir a la prevención de estos crímenes", encontrando responsables a individuos y no estados.
Un principio que para los palestinos representa un arma de doble filo, porque quedarán expuestos también a partir de hoy a la jurisdicción de la Corte.
Tal es el caso por ejemplo de los ataques con cohetes contra territorio israelí, calificado la semana pasada como "crimen de guerra" por Amnistía Internacional, que alegó que milicianos de Hamás y la Yihad pusieron en peligro tanto a la población civil israelí como a la palestina.
En medio del optimismo palestino por esta adhesión, que esperan que sirva como un escudo protector frente a las violaciones de Israel de sus obligaciones como potencia ocupante, los analistas coinciden en señalar que cualquier causa en la CPI puede llevar años por lo que no hay que esperar drásticos desarrollos a corto plazo.
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