Operación Coral, un entramado militar-policial que utilizó organizaciones religiosas para ocultar fondos

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa al grupo implicado en la Operación Coral de ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada acciones y omisiones al más alto nivel.

Según la solicitud de medidas de coerción, “los imputados crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dadivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado”.

En la denominada Operación Coral fueron apresados el general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez (2012-2020), la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Según la acusación de la Pepca, los implicados “utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.

El Ministerio Público alega que el grupo habría convertido dinero en una empresa disfrazada de asociación, que habría realizado operaciones millonarias típicas de una organización empresarial.

“Constituyeron un entramado societario dentro del período en el que el principal autor para el presente tentáculo del pulpo estaba en las entrañas del poder, por sus funciones y sus vínculos con el primer ejecutivo de la nación y tenían una absoluta impunidad para poder mover cientos de millones de pesos por medio de sociedades que recibían de oficiales y civiles sin solvencia económica justificada o razonable, transacciones millonarias”, indica.

La Pepca sostiene que los implicados crearon una empresa para presuntamente adquirir bienes, pero que no presenta operaciones, porque “su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas”.

“(Los implicados) utilizaron organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado”, manifestó el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.

Al grupo se le acusa también de distraer fondos del Estado mediante personas nombradas en nóminas públicas sin trabajar.

“Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización”, indica la Pepca.

Asegura también que el grupo desvió fondos que eran para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribuciones de raciones alimenticias y viáticos presentando gastos ficticios para estafar al Estado dominicano.

“Adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias...) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas”, aseguró.

El Ministerio Público acusa al grupo implicado de falsificar sellos de distintas instituciones públicas, como la Contraloría General de la República, para darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado.