Nuevo acuerdo de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos incluye sicariato
La Cancillería precisó que la firma del tratado ha surgido tras un largo proceso de negociación.
SANTO DOMINGO. La República Dominicana y Estados Unidos de América firmaron hoy un nuevo tratado de extradición que permitirá eficientizar la aplicación de la ley frente a los distintos delitos en ambos países, además de ampliar las nuevas modalidades delictivas en su aplicación, como los de alta tecnología, terrorismo y sicariato.
El acuerdo, que sustituirá el del 19 de junio de 1909, vigente desde el 2 de agosto de 1910, fue rubricado por la República Dominicana, en la persona del ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, y por los Estados Unidos, por el embajador de ese país, James W. Brewster, con la presencia del Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, en un acto celebrado en la Cancillería.
En un comunicado dado a conocer a la prensa, la Cancillería aseguró que el nuevo tratado eficientizará la cooperación entre los dos países para enfrentar los distintos delitos, además de establecer en detalle los requisitos y los procedimientos, así como las solicitudes de arresto provisional del imputado.
Se recuerda que el canciller Navarro y el embajador Brewster coincidieron en señalar el 31 de octubre del año pasado que el nuevo tratado garantizará el debido respeto a los derechos humanos de cualquiera que sea el imputado solicitado por la justicia de ambos países.
"Este es un día histórico para la cooperación en el área de la ejecución de la ley entre los Estados Unidos y la República Dominicana frente a las viejas y nuevas modalidades del crimen y el delito", declaró el embajador Brewster tras la firma del tratado.
Dijo que "la actualización de este tratado será reflejada como una contribución importante al creciente legado de colaboración en la historia de nuestros dos gobiernos. Estados Unidos renueva su compromiso de trabajar con sus contrapartes dominicanas para responsabilizar aquellos criminales que infrinjan la ley, utilizando la extradición como una herramienta clave para reducir el crimen y garantizar la seguridad ciudadana".
El convenio establece en uno de sus articulados que los dos países se comprometen a entregarse a los imputados requeridos para enjuiciamiento o para el cumplimiento de alguna sentencia condenatoria, por "intento, conspiración o participación en la comisión de un delito en cualquiera que sea el grado".
Asimismo, son extraditables los imputados del delito de fraude o evasión fiscal, violación a los controles de importación o exportación de productos o dinero en efectivo, entre otros.
En tanto que no se concederá la extradición por delitos políticos o militares por asesinato, homicidio, lesiones corporales, dolo, violaciones sexuales con daños y el intento de conspiración.
En el acuerdo, la República Dominicana y los Estados Unidos reconocen que la extradición es una importante herramienta en la lucha contra el crimen organizado, "con lo que se envía un mensaje contundente de que ninguna de las dos naciones servirá como refugio para las personas acusadas o encontradas culpables de ningún delito o crimen".
La Cancillería precisó que la firma del nuevo tratado ha surgido tras un largo proceso de negociación entre los técnicos expertos de los dos países desde octubre del pasado año 2014.
La comisión negociadora estadounidense estuvo conformada por asesores legales del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, mientras que la delegación dominicana estuvo representada por representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la Procuraduría General de la República.
Se recuerda que el canciller Navarro y el embajador Brewster coincidieron en señalar el 31 de octubre del año pasado que el nuevo tratado garantizará el debido respeto a los derechos humanos de cualquiera que sea el imputado solicitado por la justicia de ambos países.
"Este es un día histórico para la cooperación en el área de la ejecución de la ley entre los Estados Unidos y la República Dominicana frente a las viejas y nuevas modalidades del crimen y el delito", declaró el embajador Brewster tras la firma del tratado.
Dijo que "la actualización de este tratado será reflejada como una contribución importante al creciente legado de colaboración en la historia de nuestros dos gobiernos. Estados Unidos renueva su compromiso de trabajar con sus contrapartes dominicanas para responsabilizar aquellos criminales que infrinjan la ley, utilizando la extradición como una herramienta clave para reducir el crimen y garantizar la seguridad ciudadana".
El convenio establece en uno de sus articulados que los dos países se comprometen a entregarse a los imputados requeridos para enjuiciamiento o para el cumplimiento de alguna sentencia condenatoria, por "intento, conspiración o participación en la comisión de un delito en cualquiera que sea el grado".
Asimismo, son extraditables los imputados del delito de fraude o evasión fiscal, violación a los controles de importación o exportación de productos o dinero en efectivo, entre otros.
En tanto que no se concederá la extradición por delitos políticos o militares por asesinato, homicidio, lesiones corporales, dolo, violaciones sexuales con daños y el intento de conspiración.
En el acuerdo, la República Dominicana y los Estados Unidos reconocen que la extradición es una importante herramienta en la lucha contra el crimen organizado, "con lo que se envía un mensaje contundente de que ninguna de las dos naciones servirá como refugio para las personas acusadas o encontradas culpables de ningún delito o crimen".
La Cancillería precisó que la firma del nuevo tratado ha surgido tras un largo proceso de negociación entre los técnicos expertos de los dos países desde octubre del pasado año 2014.
La comisión negociadora estadounidense estuvo conformada por asesores legales del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, mientras que la delegación dominicana estuvo representada por representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la Procuraduría General de la República.
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