El defensor del Pueblo sugiere un amplio diálogo para resolver congestionamiento de las cárceles

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sugirió este domingo un diálogo que involucre a varios actores del Estado para buscar una salida al congestionamiento de las cárceles y resolver la situación de más de 16,000 reclusos preventivos.

De acuerdo a una nota de prensa, Ulloa propuso que ese diálogo, empezando el próximo año 2025, implique al Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR) y el órgano que dirige, para que cada uno aporte en procura de enfrentar el drama carcelario.

Dijo que un actor principal debe ser el Ministerio Público, el que debería aportar para que los fiscales no hagan un uso excesivo del recurso de la prisión preventiva como medida de coerción, al entender que ahí está el origen del problema.

Señaló que los fiscales se quejan de que carecen de garantías de que los imputados se presentarán a las audiencias, razón por la cual prefieren solicitar reclusión.

El defensor entiende que ese escollo se puede salvar con la colocación de grilletes electrónicos, los cuales pueden ser producidos por el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) a un costo mucho menor que los adquiridos en el mercado, lo que eliminaría el alegato del precio.

Además, indicó que los jueces de Ejecución de la Pena pueden hacer su aporte revisando los casos de esa población preventiva, entre la cual hay privados de libertad con enfermedades graves y muchos que han sobrepasado el tiempo que conllevaría una condena.

Dijo que en sus frecuentes visitas a los centros de reclusión ha observado múltiples violaciones de derechos, lo que le ha motivado a sugerir decisiones urgentes para corregir esa situación.

Precisó que en el país se debe tener conciencia de que la seguridad ciudadana no puede ser efectiva mientras las cárceles sean centros operativos de los delincuentes.

Expuso su preocupación de que si no se toman medidas efectivas, las cárceles pueden convertirse en lo que ocurre con las prisiones de países como Ecuador, Perú y Guatemala, donde los delincuentes tienen el control de los recintos.