Aseguran reforma de la Ley de Compras y Contrataciones fortalecerá la transparencia

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana presentaron el conversatorio “Compras y Contrataciones Públicas, aspectos claves para actualizar el marco legal”, con el objetivo de generar los consensos necesarios para aprobar la modificación a la Ley 340-06.

El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó la urgencia de la aprobación una reforma integral a esta normativa que fortalezca los procesos y asegure un impacto positivo en sectores clave como infraestructura, empleo, y desarrollo del sector privado.

Guzmán Castaño dijo que la Ley 340-06, ha demostrado ser insuficiente para garantizar un uso eficaz y transparente de los recursos públicos y señaló que esta se ha convertido “en un pilar del clientelismo político y en un área vulnerable a la corrupción”.

“En todo lo que han sido estos últimos 18 años de implementación nos hemos dado cuenta que la pieza legislativa tiene una serie de falencias que han contribuido a que muchas veces las licitaciones se manipulen y que las mismas sean objeto de escándalos”,indicó.

Entre los aspectos del proyecto de ley que propone Finjus se encuentran:

• Transparencia y lucha contra la corrupción: Se incorporan mecanismos claros, como auditorías, control ciudadano, y la publicación obligatoria de contratos para prevenir irregularidades.
• Fomento de las Mipymes: El proyecto reserva el 30% de los presupuestos de contrataciones para micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo un 10% destinado a empresas lideradas por mujeres.
• Sostenibilidad y equidad: Se promueve la contratación verde y prácticas empresariales responsables, impulsando criterios sociales y ambientales en las licitaciones.
• Nuevas reglas para emergencias: Se establece un marco más riguroso para las declaratorias de urgencia y emergencia, evitando su uso discrecional como herramienta de corrupción.

El vicepresidente ejecutivo de Finjus, expresó que la aprobación de esta ley sería un paso decisivo para consolidar la institucionalidad y el desarrollo económico de República Dominicana, asegurando que el gasto público sea gestionado de manera eficiente y en beneficio de todos los ciudadanos.

Añadió que las sanciones no deben ser “solo administrativas” y es necesario establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.

Dijo que esperan que sea aprobada antes del dos de enero del 2025, ya que es urgente.

En el panel que se llevó a cabo en la Universidad Intec,  participaron el abogado especializado en derecho administrativo, Alfredo Bueno Henríquez; el diputado por Santiago de los Caballeros, Gregorio Domínguez; el miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, Joseph Abreu; y el abogado consultor y experto en derecho público, Luis Peña Jimenez.