Litis de casi 40 años pone en riesgo terrenos reclamados por ingenieros y arquitectos
Se trata de miles de metros cuadrados situados en el kilómetro 18 de la autopista Duarte
Un conflicto judicial de casi cuatro décadas tiene en peligro los terrenos adquiridos por más de 500 ingenieros y arquitectos en el kilómetro 18 de la Autopista Duarte, en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. En 1987, el Colegio Dominicano de Arquitectos y Agrimensores (CODIA) compró esta propiedad con el propósito de desarrollar un proyecto de viviendas. Sin embargo, disputas legales y conflictos con la Fundación Ciudad Codiana (Fucicodia) han impedido su desarrollo.
La presidenta actual de Fucicodia, Japonesa Capellán, junto a su predecesor, Luis Cross, explican que el Codia adquirió los terrenos a una familia a la que nunca le completó el pago total, lo cual generó una deuda que ha obstaculizado el proyecto. A pesar de esta deuda, los terrenos fueron financiados para los 582 miembros del Codia de esa época, quienes hoy solo cuentan con recibos de pago, pero no poseen títulos de propiedad.
Los títulos en disputa están bajo el control de Fucicodia, que mantiene un litigio con familiares de Sony Murat González Abreu, quienes también afirman tener documentos que los acreditan como propietarios. La litis afecta a los ingenieros y arquitectos que, en su mayoría, hoy superan los 60 y 70 años y que habrían adquirido el terreno en 1987 a un precio de 12 pesos por metro cuadrado.
Conflicto de intereses y disputas internas
Durante su presidencia, Luis Cross fue acusado de irregularidades, señalándose la venta de porciones de terrenos que ya habían sido pagadas por miembros del gremio. Capellán sostiene que el Codia debió haber gestionado la titularidad individual desde el inicio, permitiendo que cada miembro tuviera su propio deslinde.
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Cross defendió su gestión argumentando que intentó resolver la situación negociando con la familia Murat para saldar la deuda y evitar mayores conflictos legales. Propuso un proyecto de desarrollo en alianza con Fiduciaria Banreservas, el cual, según él, fue frustrado por la oposición de directivos actuales de Fucicodia.
La venta de terrenos a LVP Investment
Japonesa Capellán acusó a Cross de haber vendido más de 300,000 metros cuadrados a la empresa LVP Investment bajo un acuerdo de 200 millones de pesos, a pesar de que estos terrenos ya estaban comprometidos con los ingenieros. Capellán afirma que Cross siguió actuando como presidente hasta el 2017 sin elecciones, período en el que se completó la venta de las parcelas a una constructora que no pudo ejecutar el proyecto debido a problemas financieros.
Proceso judicial en curso y decisiones
Recientemente, Fucicodia intentó desalojar a Sony Murat González Abreu de una porción de 19,000 metros en la autopista, ocupado por un negocio de vehículos que alquila el espacio. Aunque el desalojo fue autorizado, fue suspendido por una instancia del Departamento de Litigios de la Policía Nacional. Posteriormente, el Tribunal de Tierras concedió una medida provisional que impidió el desalojo, lo que generó más tensión entre las partes.
Abogado de Sony Murat presenta sus argumentos
Ricardo Santana, abogado de Murat González, asegura que su cliente es el legítimo propietario, en base a un acuerdo tripartito realizado con la fundación y las adquisiciones de derechos de ingenieros a lo largo de los años. Santana sostiene que el acuerdo fue aprobado por una asamblea y que Murat posee el título definitivo.
Próximos pasos
El conflicto, que involucra una compleja trama de deudas, acuerdos fallidos y disputas familiares, permanece en manos del Tribunal Superior de Tierras, que deberá decidir quién es el verdadero propietario. Mientras tanto, más de 500 ingenieros y arquitectos siguen esperando una resolución que les permita acceder a los terrenos que compraron hace casi 40 años para construir sus viviendas.
Japonesa Capellán asegura que el Codia adquirió las parcelas 63 A, B, C y D, de hermanos González Sepúlveda, pero durante la compra surgió un conflicto con Saladina Abreu, madre de Sony Murat, quien solicitó una compensación por mejoras en el terreno. El Codia acordó pagarle 240,000 pesos, de los cuales solo abonó 40,000. Ante la falta de pago, Saladina demandó al gremio y obtuvo una orden de retención de títulos. Para liberar estos títulos y concluir la venta de los terrenos, Cross permitió que Saladina obtuviera un deslinde sobre 11,200 metros cuadrados, de los cuales 7,000 metros fueron transferidos a su hijo, Sony Murat. Título que es centro de la actual disputa, ya que Murat reclama ser el propietario de una porción mayor del terreno debido a las compras de derechos que realizó a ingenieros afectados.
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