Caso Camaleón, entre el terrorismo y el desfalco

La operación Camaleón, ejecutada desde el Ministerio Público para investigar una supuesta red de corrupción, relata en la solicitud de medidas de coerción que al menos siete personas estuvieron involucradas en un proceso que se inició con una licitación fraudulenta en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y que sigue con serios señalamientos de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.

Mañana, en una audiencia para debatir la pertinencia o no de imponer medidas de coerción a los siete encartados, el Ministerio Público pretende demostrar que el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José -Jochi- Gómez, Frank Díaz, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero, pertenecieron a una estructura ilícita para beneficiar a la empresa Transcore Latam con el manejo de los semáforos en la capital, lo que desencadenó en actos de espionaje y sabotaje.

El eje de la operación Camaleón es la licitación pública en la que se adjudicaron más de 1,317 millones de pesos para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción, este contrato fue manipulado desde su inicio para favorecer a la empresa señalada, que no tenía capacidad técnica real para ejecutar el proyecto.

Las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol supuestamente fueron creadas para ganar la licitación y desviar fondos públicos. Estas compañías, que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos, se habrían beneficiado de contratos millonarios gracias a la manipulación del proceso de licitación orquestada desde dentro del Intrant.

Una vez adjudicado el contrato, Transcore Latam tomó el control de la red semafórica y del sistema de videovigilancia de Santo Domingo. Esto no solo le permitió manejar el tráfico de la ciudad, sino también instalar equipos de monitoreo en lugares estratégicos, lo que comprometió gravemente la seguridad vial del país, de acuerdo con el relato del Ministerio Público.

Enterado de la investigación en su contra, Gómez habría obtenido documentos confidenciales de la Procuraduría, por lo que “se infiltró” en la indagatoria de las autoridades.

El alegado terrorismo

El sabotaje a los semáforos ocurrido a finales de agosto sería uno de los delitos cometido por la red y calificado como “terrorismo” por el Ministerio Público.

El Código Penal define el terrorismo como la ejecución de actos que provoquen un gran temor en la población, persiguiendo alterar el orden público o coaccionar a los poderes estatales. La legislación dispone hasta 20 años de prisión si el delito comprometió la seguridad nacional, pero no causó muertes ni daños físicos.

El supuesto espionaje

El Ministerio Público también busca probar que el manejo de los semáforos en Santo Domingo permitió a Gómez cometer espionaje y vigilancia ilegal.

De acuerdo con el expediente -de 304 páginas-, Gómez tendría acceso a datos como conversaciones telefónicas, mensajes y el historial de búsqueda de los observados por la alegada red de vigilancia.

El MP quiere prisión

“La gravedad de los hechos imputados, la pluralidad de hechos cometidos, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, la cual llega hasta 20 años, hace necesario el presente caso sea declarado complejo con todas sus consecuencias legales”, argumenta la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Mientras, pide 18 meses de prisión preventiva.