La violencia policial a juicio en Madrid por un español de origen dominicano

La noche del 26 de noviembre de 2021, Kebyn Brayan Peralta Ascencio, un español de origen dominicano de 21 años, era alcanzado por seis de los dieciocho disparos que le hicieran tres policías en el rellano del piso nueve del edificio donde vivía en Vallecas, un distrito de Madrid asolado por la pobreza y la marginalidad. En el apartamento que ocupaba junto a su madre, dos hermanos y un hijo de cuatro años, titilaban las luces del árbol navideño que ese mismo día había ayudado a montar a su progenitora.

La muerte de Kebyn no tiene testigos, solo ejecutores. Y en la versión de estos el joven, de 5.5 pies de estatura y 154 libras de peso, puso en peligro extremo su integridad física al atacarlos con un cuchillo con la clara intención de herirlos. No era un cuchillo de carnicero ni otro similar. Medía 12.5 centímetros de largo y 2.5 centímetros de ancho, solo un poco más grande que el usado en la cubertería para cortar carne. La madre pelaba papas con él. Los policías, en cambio, estaban provistos de chalecos antibalas, pistolas de nueve milímetros y, uno de ellos, de escudo protector. Se supone que también de la experiencia para reducir a un supuesto agresor en tan notoria desventaja.

Esther Asencio no se consuela. Rumia desde entonces el dolor de haber sido ella quien, ante la actitud violenta de Kebyn  -había blandido el cuchillo frente a su hermano- llamó a la policía para que lo disuadiera. Confiada en la pericia policial en casos como el suyo, puso en las manos de los agentes la llave que les permitió entrar al apartamento y encontrarse con su hijo. Esperando el desenlace en el portal del edificio, la detonación de los disparos le heló el corazón.

Una versión y muchas lagunas

En España, sentar a un policía en banquillo es poco menos que imposible. Organizados en sindicatos, los principales vinculados a la extrema derecha representada por Vox, gozan de prerrogativas que, por lo general, los salvan de responder ante los tribunales, incluso en casos de violencia injustificada como el que acabó con la vida de Kebyn. Uno de estos sindicatos, Justicia Policial (Jupol) se ha hecho cargo de la defensa de los tres policías imputados que irán a juicio por jurado mañana, 8 de marzo.

Pero hay jueces, como Pedro López Jiménez, encargado de la investigación, que se atreven a encontrar inconsistencia y a actuar conforme manda su conciencia jurídica. E inconsistencias en la declaración de los policías imputados las hay numerosas.

Declaran los policías que, al entrar al apartamento y pedir varias veces al joven apersonarse frente a ellos, salió de una habitación con la mirada perdida e intentando esconder el cuchillo en una manga de la chaqueta deportiva que vestía, según consigna una crónica sobre el caso del eldiario.es, que tuvo acceso al expediente. Ese solo dato podía llevar a pensar que el joven tenía la conciencia alterada y debió aplicarse el protocolo al uso.

Pero no. Agregan que Kebyn se abalanzó contra el que portaba el escudo (no contra los desprovistos de protección, víctimas propicias aun para un alterado) y trató de acuchillarlo atacándolo por encima y por los laterales del escudo, haciéndolo caer al suelo. En un supuesto forcejeo, el joven habría perdido el cuchillo que recuperó, no se explica cómo, y la emprendió nuevamente contra el caído, que disparó nueve veces con su arma de reglamento. Otro policía disparará ocho veces, y el tercero, dicen algunos medios españoles que por «solidaridad», hará el disparo número dieciocho. Seis de estos disparos alcanzaron a Kebyn en el vientre y en los brazos. No eran heridas necesariamente mortales pero, por su número, le provocaron un shock hipovolémico.

Llama  la atención de los medios españoles que el cuchillo con el que joven habría supuestamente intentado agredir a los policías apareció sin mango, lo que lleva a preguntarse por qué, entonces, si utilizó solo la hoja del arma, en sus manos no aparecieron heridas. El informe de la Policía Científica podría encerrar la respuesta: no se encontraron huellas dactilares ni en el mango ni en la hoja del arma. La defensa policial ha hecho mutis sobre esto.

Los  policías declaran que dejaron de disparar cuando Kebyn cayó de rodillas sin soltar el cuchillo y con actitud todavía agresiva, por lo que lo golpearon en los brazos muchas veces, le pisaron una mano, le dieron una patada y, finalmente, lo esposaron. Todo eso mientras se desangraba (dicen que le taponaron las heridas) a la espera del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR), que no pudo hacer nada por salvarlo. La versión de los sanitarios que compadecieron al lugar difiere de la policial. A Kebyn lo encontraron bocabajo y esposado, excitado, pero no agresivo.

Presión policial

Cuando se instruía el expediente, la Fiscalía de Madrid pidió juzgar a los policías por un homicidio con eximente incompleta; es decir, por no concurrir todos los requisitos «para eximir totalmente de responsabilidad». Una de estas eximentes es la legítima defensa, atenuante de la pena. De conformidad con este criterio, solicitó dos años y medio de prisión para  cada uno los imputados y una indemnización a la familia de la víctima de 100.000 euros.

En septiembre de 2023, el juez López Jiménez decidió enviar a juicio oral a los imputados por entender que «resulta verosímil la imputación que de los hechos relatados se hace a los policías nacionales» los cuales «revisten, por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de delito de homicidio»

Pero antes de que esto sucediera, en noviembre del 2022, unos 200 miembros del derechista sindicato Jupol se manifestaron frente a los juzgados de Plaza de Castilla en protesta por la propuesta del juez de procesar por homicidio a  los policías. No solo escandalizaron en ese momento. Continuaron consistentemente sus presiones hasta lograr que la Fiscalía, en marzo de 2023, diera sobre el tema un giro copernicano: de pedir prisión pasó a reclamar el archivo del expediente. Como justificación, dos informes de última hora de la propia Policía Nacional.

El motivo esgrimido es sonrojante: «Si bien es cierto que, en la comparecencia de 20 de enero de 2023, el Ministerio Fiscal apreció la concurrencia, no lo es menos que, con posterioridad a esa fecha, se han practicado dos nuevas diligencias cuyo contenido se considera relevante a la hora de apreciar la concurrencia de eximente completa», según reproduce el eldiario.es.

Tres maniquíes uniformados clavados en igual número de cruces y el estruendo de dos centenares de policías enardecidos frente a los juzgados en Plaza Castilla, y todas las actuaciones subsecuentes, habrían determinado el viraje. La justicia española, acusada de lawfare (guerra jurídica o instrumentalización del sistema de justicia) en detrimento de militantes progresistas, no parece estar vendada. Temis ha sido entrenada para inclinar la balanza a favor de un proyecto de sociedad cada vez más escorado al rechazo de la inmigración negra y pobre.