Juan Hubieres deposita querella en la que denuncia estafa a través del transporte escolar

Acusó a Educación y a Obras Públicas de violar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y la 63-17 del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre

Hubieres acusó a Educación y a Obras Públicas de violar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y la 63-17 (Fuente externa)

El presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, depositó este lunes una querella en la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue los más de RD$2,500 millones invertidos en el programa del Transporte Escolar (Trae) por el Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas.

Acusó a Educación y a Obras Públicas de violar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y la 63-17 del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Una comunicación de prensa dice que decenas de simpatizantes de movimiento que preside Hubieres lo acompañaron a depositar el documento a la Procuraduría General.

Explicó que la operatividad del servicio del transporte escolar tiene múltiples elementos de ilegalidad que deben ser investigados.

"En agosto del presente año, el Ministerio de Educación abrió una licitación aperturando los procesos de excepción para la contratación de servicios del programa del Transporte Escolar, sin que el país estuviera en estado de emergencia, lo que representa una ilegalidad, además, más del 90% de los autobuses que se están utilizando no cumplen con los requerimientos de la Ley 68-17 del Intrant”, dijo el también aspirante a senador por la Fuerza del Pueblo y Movimiento Rebelde.

Afirma que más de nueve empresas que fueron favorecidas con la licitación en su mayoría nunca han sido prestadoras de servicio de transporte en el país, con excepción de una o dos.

Juan Hubieres del Rosario encabeza la acción penal en contra del ministro de Educación, Ángel Hernández y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión.

En la instancia depositada solicita a la procuradora , Miriam Germán, designar los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación a profundidad de los hechos denunciados.

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