La DGSPC sancionará a agentes que permitieron llamada telefónica a Miguel Cruz

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC)  informó este martes que realiza una investigación para determinar los funcionarios penitenciarios responsables de permitir al detenido Fausto Miguel Cruz de la Mota hacer una llamada a un medio de comunicación.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la investigación la realiza la subdirección de Seguridad e Inteligencia, que dirige el coronel Manuel Polanco, "quien en estos momentos se encuentra en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, para tales fines".

Por otro lado, la institución informó que, desde su ingreso al sistema penitenciario, Fausto Miguel Cruz de la Mota ha recibido asistencia médica por parte de los galenos del sistema y de centros de salud privados del país.

Reveló que según registra el libro de asistencia de la institución, Cruz de la Mota ha sido visto por especialistas de la salud, en todos los momentos que lo ha requerido.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales dijo que "actúa en cumplimiento a la Ley 113-21, sobre Régimen Penitenciario, la cual, entre los derechos de los reclusos, establece el derecho a la salud y a la comunicación  telefónica, y cuyo uso de dicha comunicación está reservada para sus familiares y representantes legales, según lo establece el artículo 4 numeral 11 de la ley".

La DGSPC dijo que lleva a cabo el Plan de Eliminación de Teléfonos No Autorizados en los centros penitenciarios del país, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Con este plan, informan que han desmantelado estructuras de conexión a internet que se encontraban habilitadas en los centros penitenciarios e incautado equipos de comunicación que eran utilizados por privados de libertad para cometer ilícitos.

La DGSPC agregó que, para garantizar el derecho a la comunicación de los reclusos, ha instalado 214 "comuniagencias", en coordinación con la Procuraduría General de la República, las cuales fueron distribuidas en todos los centros penitenciarios a nivel nacional.

Las "comuniagencias" son centros de unidades de comunicación e investigación.