Pro-Competencia no ha investigado la denuncia de colusión en editoras libros

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia), no está investigando el caso de presuntas vinculaciones entre empresas que fueron adjudicadas en el proceso realizado por el Ministerio de Educación para la adquisición de los libros de secundaria.

Las indagatorias para determinar si varias empresas actúan en colusión en un proceso de licitación pública recae sobre Pro-Competencia.

La colusión es un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia. Esto lo hacen de manera secreta o ilegal, engañando a otros sobre sus derechos legales, bien para obtener un objetivo prohibido por la ley o bien para obtener una ventaja injusta en el mercado.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en una investigación de “Debida diligencia”, determinó que habría relación entre proveedores que fueron adjudicados por el Ministerio de Educación, en lo que, de acuerdo al documento había indicios de colusión.

Las conclusiones de la investigación realizada por el órgano rector de las compras y contrataciones arrojaron una presunta vinculación entre las empresas Editorial CP, S.R.L., Ediciones Salomé, S.R.L., CA-Mart Soluciones, Cocolo Editorial, Ediciones Unidas del Caribe, y la empresa School Team, S.R.L.

Respuesta de Pro-competencia

“No existe en la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia -órgano encargado de instruir y sustanciar los expedientes de los procedimientos de investigación iniciados de oficio o a pedido de parte interesada- ningún procedimiento de investigación formal iniciado en virtud de las disposiciones de la Ley General de Defensa de la Competencia, Núm. 42-08, con relación al proceso de compras de referencia MINERD-CCC-PEEX-2022-0003 celebrado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana para la “Adquisición de Libros de Textos en Formato Digital, para el Nivel Secundaria, del año escolar 2022-2023”, respondió el organismo a Diario Libre.

Explicó que para dar formal inicio a un procedimiento de investigación, sea de oficio o a pedido de parte con interés legítimo,  la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia debe emitir una resolución de inicio, acto administrativo de carácter público, cuya notificación constituye el emplazamiento formal de los agentes económicos investigados para presentar sus argumentos y medios de defensa, marcando el inicio del plazo de instrucción del procedimiento de investigación, de acuerdo con el artículo 44 literal “b” de la Ley núm. 42-08 y 21 párrafo I de su Reglamento de Aplicación.

“Bajo esa tesitura, y en respeto al derecho de defensa y demás garantías constitucionales que asisten en todo debido proceso, hasta tanto no sea emitido un acto de tal naturaleza, los agentes económicos no pueden ser considerados sujetos de un procedimiento de investigación administrativo por ante este órgano”, agrega la respuesta.