Joven de 22 años busca que se declare inconstitucional la norma que antepone el apellido del padre

Un joven santiaguero de 22 años se presentó ante el pleno del Tribunal Constitucional en representación propia para solicitar que se declare inconstitucional la disposición de la nueva Ley Sobre los Actos del Estado Civil que coloca el apellido del padre en primer lugar cuando ambos progenitores declaran el nacimiento de sus hijos. 

Luis de Jesús Rodríguez Núñez solicita la anulación del Párrafo I del artículo 85 de la Ley 04-23, que establece: "En caso de que el nacimiento sea declarado por ambos padres, siempre prevalecerá el apellido del padre en primer orden”. 

El joven, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Santiago, se dirigió al tribunal como ciudadano, sin abogado y en representación propia. 

En sus conclusiones alega que el referido párrafo viola el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres que consagra la Constitución en su artículo 39, que dice: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal".

Segunda ocasión

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, resaltó que esa fue la segunda vez en la historia de esa corte que se recibe un accionante que se presenta sin toga y birrete, simplemente como ciudadano. 

El Tribunal Constitucional ha sentado el precedente de que se puede, en determinadas circunstancias, permitirle a un ciudadano que no es abogado interponer una acción directa de inconstitucionalidad y leer la parte dispositiva de sus conclusiones. 

La Procuraduría General de la República, representada por el procurador adjunto Emilio Rodríguez Montilla, se unió a la causa a favor de que se declare no conforme a la Constitución el consabido artículo. 

En el lado opuesto, la Cámara de Diputados y el Senado enviaron abogados a solicitar que se declare conforme a la Carta Magna la legislación y que se rechace por improcedente y mal fundada la acción. 

Después de escuchar las conclusiones de ambas partes, el tribunal dejó el caso en estado de fallo y deberá emitir una decisión en no más de cuatro meses.