Vecinos contra el ruido de Ciudad Colonial llenan de quejas a procuradores de Medio Ambiente

El ciclo de charlas sobre contaminación sónica que realiza la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo la coordinación de comunitarios llegó a los residentes de la Ciudad Colonial y sectores aledaños. Allí sus residentes aprovecharon la presencia del procurador titular Francisco Contreras y otras dos procuradoras para expresarles sus quejas por el ruido que arrebata su tranquilidad.

Raquel Casares, presidenta de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial (Aprecc), convidó a sus vecinos a asistir a la charla para juntos encontrar una solución al problema que los aqueja.

“No estamos en contra de los negocios de la Zona Colonial, pero entendemos que todos debemos llegar a un punto de equilibrio donde ambos podamos realizar nuestras actividades sin afectar la paz de los residentes”, expresó.

Los vecinos citaron como fuente de ruidos desde conversaciones en alta voz de personas alcoholizadas frente a sus residencias, negocios informales en las calles hasta la música en vivo de lugares de expendio de bebidas alcohólicas como restaurantes, bares y discotecas.

El fiscal Contreras, que junto a las procuradoras Carmen Núñez y Sonia Vargas, disertó por casi dos horas sobre aspectos generales de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 90-19 referente a la contaminación ambiental y sónica, pero luego se encontró con un aluvión de quejas y preguntas de los asistentes, quienes expresaron su larga lucha contra vecinos y propietarios de negocios que alteran su paz y la inoperancia de las autoridades llamadas a hacer cumplir lo que indica la legislación dominicana sobre altos decibeles.

Formalizar denuncias

Al escuchar las quejas, los fiscales invitaron a los vecinos a formalizar sus denuncias ante la Procuraduría de Medio Ambiente.

Igualmente, Contreras admitió que muchos de los casos de contaminación sónica pueden ser resueltos en una acción conjunta con otras instituciones, para regular, en el caso de la Alcaldía, de a qué tipo de negocios se le permite establecerse en una zona específica y del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Servicio de Tránsito Terrestre (Digesett) sobre la circulación de vehículos con grandes bocinas, “la ley no prohíbe comprar bocinas, solo establece cuando los decibeles son inadecuados”.

En la actividad también estuvo presente una representante de la Alcaldía del Distrito Nacional, entidad que, según el colectivo Vecinos Contra el Ruido, coordinado por Andiel Galván, ha dejado solos a los capitalinos con este problema al otorgar permisos a empresarios para que establezcan negocios en lugares incompatibles con la sana convivencia de las familias.

Diana Martínez, directora de Patrimonio Cultural e Inmueble del Centro Histórico de Santo Domingo de la Alcaldía, expresó que está consciente de los problemas del ruido en la Ciudad Colonial y que en lo adelante la Alcaldía se aboca a realizar un levantamiento de los lugares más afectados por la contaminación sónica.

“El problema de algunos negocios es que solicitan un permiso para montar un restaurante y luego terminan montando una discoteca, la gente no respeta la normativa y se debe notificar”, expresó.

Mapa de ruido

En la actividad llevada a cabo en el edificio Saviñón de la Ciudad Colonial hizo uso de la palabra el profesor investigador de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Moisés Alvárez, quien presentó un proyecto que consiste en la creación de un mapa de ruido a través de la medición de los decibeles con aplicaciones gratuitas de internet. La finalidad es que cualquier ciudadano pueda cooperar con la creación de una base de datos y enviarle reportes de alto nivel de ruido a la Procuraduría de Medio Ambiente en tiempo real.  

"Los resultados permitirán ver cuáles son los puntos más importantes en la zona y tomar las medidas de lugar", expresó. 

Sobre esta propuesta, el fiscal Contreras indicó que de implementarse, ayudaría bastante con esta problemática ya que por cada denuncia de alto volumen, los técnicos de la Procuraduría deben trasladarse para medir los decibeles y en ocasiones, al llegar al lugar de los hechos, los infractores ya han bajado el volumen de sus radios, por ejemplo.