Recesan por dos horas casos Coral y Coral 5G para investigar situación de salud de una de las imputadas
Abogado de la imputada pide aplazar audiencia ante el estado de salud de Rosa Disla
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este viernes un receso de dos horas en la audiencia preliminar por los casos Coral y Coral 5G, antes la situación de salud de la imputada Rosa Antonia Disla.
Rosa Disla, madre del también imputado Rafael Núñez de Aza, fue operada y se encuentra hospitalizada, según indicó su abogado defensor, Félix Porte, quien solicitó a la jueza aplazar la audiencia y que el tribunal se entere formalmente de la situación de salud de la señora.
La propuesta de aplazar la audiencia presentada por Portes fue rechaza por el Ministerio Público debido a que, a su entender, no fue una operación de emergencia y la dama sabía que tenía que presentarse en el tribunal.
La audiencia retorna a las 11:45 de la mañana de este viernes.
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Hasta la fecha, el Ministerio Público ha ofertado más de 458 testigos y más de 400 pruebas periciales en la acusación que señala al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, como el principal cabecilla.
El exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, le fue dictado el cese de su prisión preventiva por arresto domiciliario y cumple la coerción en su hogar.
La nueva medida de coerción del extitular del Cusep consiste en arresto domiciliario, impedimento de salida y la colocación de grillete electrónico.
El coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, implicados en el caso Coral, también salieron de la cárcel tras cumplir con el pago de una fianza y están en arresto domiciliario.
Al coronel Núñez de Aza se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, al igual que a Cáceres, mientras a la pastora y su hijo fue de 50 millones de pesos.
En la audiencia preliminar de los casos Coral y Coral 5G, en la que el Ministerio Público imputa a 48 personas físicas y jurídicas de cargos de lavado de activos y corrupción contra el Estado dominicano, el órgano ha dicho que estos estafaron con más de 4,000 millones de pesos.
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