Conep y Anje piden erradicar uso de fondos ilícitos en campaña
Congresistas logran consenso en ley Electoral; aún faltan disensos
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) pidieron al Congreso Nacional priorizar las reformas a las leyes electorales para que se erradique definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear la actividad política.
Aunque la misiva, de la cual Diario Libre obtuvo copia, tiene fecha del pasado 2 de junio, su contenido fue dado a conocer ayer por el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, quien habló sobre las preocupaciones del sector empresarial.
La carta, rubricada por César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep, y Luis Manuel Pellerano, presidente de ANJE, fue remitida a Eduardo Estrella, presidente del Senado, con copia a los miembros de la comisión especial que estudió, durante la pasada legislatura, las leyes electorales. Se trata de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la 15-19 orgánica del Régimen Electoral.
El Conep y la Anje consideraron que la modernización al régimen electoral es de alta relevancia y no debe ser postergado. Favorecen que las elecciones venideras cuenten con un marco jurídico que responda a los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad, establecidos en la Constitución. Recordaron que la posición del sector empresarial fue expuesta en el Consejo Económico y Social (CES). “Debemos evitar que el crimen organizado traspase los partidos políticos y agrupaciones e incida negativamente en nuestras elecciones”, señalan en el documento.
Sugieren que los partidos políticos y candidatos a cargos electivos sean sometidos al escrutinio para garantizar la transparencia de sus patrimonios y de los aportes recibidos, y lograr la obligación de su rendición de cuentas. Además, plantean fortalecer el rol de control y fiscalización de la JCE; mejorar la regulación del gasto de las campañas y establecer una fórmula mixta de financiamiento de las campañas, con aportes públicos y privados. Establecer topes razonables de gastos en campaña y que se realicen debates electorales.
Crimen organizado
Ayer, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, sugirió a los congresistas fortalecer a la JCE para evitar que “los dineros fruto de ilícitos del crimen organizado permeen en los partidos políticos y los debiliten”. Añadió que “hay que tener la capacidad suficiente para fiscalizar más. Para seguir el rastro del dinero...”.
Valoró que el conocimiento del proyecto de ley del Régimen Electoral fuera retomado por el Senado, lo que demuestra que existe interés en reformar esa normativa.
Consenso sobre multas
Ayer, miembros de la comisión especial, que preside el senador Ricardo de los Santos, se reunieron con diputados de los partidos mayoritarios Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo para lograr ampliar los consensos entre el Senado y la Cámara de Diputados y alcanzar la meta: aprobar la ley del Régimen Electoral en la legislatura extraordinaria que culmina el 15 de febrero venidero.
El senador Dionis Sánchez reveló que en la reunión “extra oficial” se pusieron de acuerdo para que, en caso de violentar los topes de gastos en campaña, el candidato a un cargo electivo tendría que pagar el doble del monto en que se haya excedido. Consideró que la sugerencia de la JCE de despojar del certificado de elección al candidato electo era muy drástica, era imposible de aplicar, sería inconstitucional y saldría muy costosa para el país.
Los disensos
Ricardo de los Santos, presidente de la comisión especial, informó que seguían con disensos sobre el transfuguismo y el voto electrónico para aplicarlo en el 2028, propuestos por el PLD. Reveló que se reunirá el próximo martes, a las 10:00 a.m., para concluir su labor. Otros congresistas se mostraron muy optimistas con los consensos arribados.
El pasado 19 de enero la Junta Central Electoral (JCE), a través de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos y Agrupaciones Políticas, solicitó a las organizaciones partidarias una serie de informes de índole financiero, lo que incluye los estados de ingreso, gastos y financiamiento del período que comprende desde el 01 de julio al 31 de diciembre del 2022.En ese sentido, las organizaciones partidarias tienen hasta el próximo 10 de febrero para hacer entrega de estos estados financieros, mandato que se encuentra establecido en la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.Dicho mandato se encuentra en el artículo 62 de la ley sobre la inversión de los recursos del Estado. Este establece que: “Los recursos del Estado que reciban los partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán invertidos de la siguiente manera” los cuales están definidos en tres numerales y dos párrafos. “Durante los primeros diez días del mes de febrero de cada año, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos con vocación para acceder al financiamiento público presentarán, so pena de perder tal facultad, un presupuesto general, no desglosado, conteniendo los programas a desarrollar en el año de que se trate”, reza el párrafo II.Deberán ser incluidos en el informe por entregar a la JCE los estados de resultados con sus notas correspondientes, estados de situación financiera, de flujo de efectivo, conciliación bancaria de cada cuenta y nómina de contribuyentes durante ese período. La ley manda a los partidos a invertir los recursos asignados por el Gobierno en no menos de un 10 % en gastos de educación; 50 % para cubrir los gastos administrativos operacionales y un 40 % para apoyar las candidaturas a puestos de elección popular de manera proporcional en todo el territorio nacional.En los años donde no se celebren elecciones de dirigentes, primarias y candidaturas a puestos de elecciones popular, el 40 % antes mencionado podrá ser distribuido de acuerdo a las obligaciones del partido.
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