De qué se acusa al director de casa de acogida de menores de Santiago que fue apresado

El director de un centro de rehabilitación intervenido por el Ministerio Público en esta ciudad podría enfrentar cargos por actos de tortura, maltrato, así como abuso sexual y psicológico en perjuicio de menores de edad.

Ante la contundencia de los hallazgos y los testimonios de las víctimas, la Fiscalía de Santiago presentó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción, que consiste en prisión preventiva, contra Lorenzo Silverio Almonte o Julián Almonte (El Pastor), director de la casa de acogida denominada Nueva Vida para Jóvenes, ubicada en La Ciénaga, al norte de la ciudad. 

Junto a especialistas y fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la Fiscalía allanó el local de la institución, un supuesto centro privado de rehabilitación que estaría enfocado en tratar a adolescentes con problemas de alcoholismo y problemas de conducta.

Las autoridades rescataron del lugar a cinco adolescentes que estaban “hacinados y en condiciones deplorables e inhumanas” y los pusieron bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Tras las correspondientes evaluaciones físicas y psicológicas, el Ministerio Público determinó que los adolescentes, con edades entre 13 y 17 años, eran violados sexualmente por adultos responsables de su cuidado, obligados a ingerir sustancias psicóticas y medicamentos sin prescripción médica, además de que recibían castigos como dormir en el suelo, amarrados con cadenas y mojados.

En las labores de investigación y asistencia a las víctimas participan en coordinación la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Policía Nacional. Los detalles forman parte de la investigación, todavía en curso, encabezada por la Fiscalía de la provincia.

El Ministerio Público expresó que, ante la contundencia y la gravedad de las imputaciones que pesan sobre Almonte, la prisión preventiva deberá ser la medida de coerción idónea para imponer al investigado, mientras avanzan las pesquisas y se desarrolla el proceso en su contra.