Gobierno propone crear comisión para combatir trata de personas y tráfico de migrantes

El gobierno del presidente Luis Abinader propone la creación de una comisión interinstitucional para combatir la trata y tráfico de migrantes. Así lo plantea el Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes depositada ayer en el Congreso Nacional por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. 

De acuerdo a la pieza, la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana (Citim) se encargaría de diseñar políticas públicas relativas a la prevención, persecución, protección y cooperación internacional relativas a dichos delitos.

Composición

 Según detalla el proyecto de ley, esta comisión estaría integrada por la Presidencia, el Pleno, que a su vez estará integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Trabajo, Turismo, Mujer, Educación, Interior y Policía, el Ejército, Migración, Servicio Nacional de Salud, Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, la Armada, la Policía Nacional y un representante del Poder Judicial.

También contará con una Secretaría Técnica, Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de trata de personas, subcomisiones, comités y grupos de trabajo.

Además del proyecto de ley que modifica la Ley de Trata de Personas, el Consultor Jurídico también depositó proyectos de ley sobre feminicidios, bienes incautados y uno sobre el fomento de la competitividad en la Aviación Civil.

Financiamiento

En cuanto a los recursos para combatir la trata de personas, el proyecto detalla que los fondos provendrán de las contribuciones provenientes de instituciones públicas y privadas, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, destinadas a los fines de la ley de trata.

Otra fuente de financiamiento son las asignaciones de las partidas presupuestarias de ingresos del gobierno central y de los bienes decomisados.

El proyecto de ley también establece una contribución especial obligatoria que tendrá que asumir toda persona jurídica o entidad en base a sus ingresos para la prevención y persecución de la trata de personas, así como la atención, protección y repatriación de víctimas y la asistencia y protección de las personas identificadas como víctimas de trata y comercio ilícito de migrantes.