Familia Rosario pide que su caso se aclare de la mejor manera posible

Decenas de personas volvieron este viernes a apostarse en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conocería la audiencia preliminar contra el abogado Johnny Portorreal y otros tres acusados de estafar a 283 personas con la supuesta herencia de la familia Rosario.

Los ciudadanos que dicen ser “herederos” de la familia Rosario, se mostraron como “víctimas del Estado” y exigieron que su caso se aclare de la mejor manera posible.

Eladio Minaya, en representación del grupo, aseguró que "poseen evidencias" que demuestran que la herencia y las transferencias de millones de pesos son reales.

“Tenemos una queja, aquí solo hay cuatro personas y tenemos a 361 personas sometidas como bandas de malhechores, incluyendo al Banco de Reservas, que fueron los que aperturaron cartas bancarias para que los Rosario recibieran su fortuna en 20 días”, expresó Minaya.

Más tarde, durante un receso pautado por el tribunal, Roque Fernández, quien se identificó como representante de los Rosario, dijo que el Ministerio Público insistió en que se trataba de una estafa en contra de esa familia.

“Ahora mismo, los otros culpables están diciendo que sí, que la herencia es real, menos Portorreal, él está en silencio”, expresó.

La acusación

La instancia, que formaliza la solicitud de apertura a juicio, establece que los acusados estafaron a los Rosario utilizando maniobras fraudulentas y prometiendo el cobro de una supuesta e inexistente herencia de esa familia.

Indica que, "para requerir la entrega de diferentes montos de dinero, el grupo usaba la información falsa de que el dinero de la herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Santander, de España, y el Banco Zurich, de Suiza".

Los acusados les habrían dicho a sus víctimas que los recursos que les estaban requiriendo y que les cobraban a través de la empresa La Central del Derecho LPR, SRL, tenían la finalidad de realizar trámites para su registro como herederos de los señores Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos).

Según la acusación, con el pago que realizaban las víctimas aportaban para la elaboración de un poder cuota litis, en el que se acordaba el pago de los honorarios, una rectificación de cuota litis y un pin, este último para ser utilizado en el banco al momento de retirar los fondos que iban a ser depositados. Incluía también un supuesto código SWIFT en formato IBAN, el cual era de datos exclusivos para poder recibir los depósitos, desembolsos que eran entregados a Gómez Santana y Portorreal.