Los 35 denunciantes contra Mantequilla fueron afectados con más RD$20 millones, según MP

Se le pedirá un año de prisión preventiva y detener las operaciones de su empresa

Wilkin García Peguero “Mantequilla” fue detenido en la sede de la Policía Nacional. (Diario Libre / Archivo)

En el expediente que tiene el Ministerio Público contra Wilkin García Peguero “Mantequilla” hay 35 denunciantes por estafa de más de 20 millones de pesos, más una querella de supuesta amenaza de muerte. 

Por esa razón, el Ministerio Público de Monte Plata solicitará este sábado un año de prisión preventiva más el cese de las operaciones de la empresa Inversiones 3.14, desde donde manejó millones a través de un esquema piramidal, según la acusación.

“El Ministerio Público plantea, bajo la más amplia reserva de derecho, que, en cuanto a la compañía 3.14 Inversiones World Wide, solicitamos medida de coerción real establecida en el artículo 243 del Código Procesal Penal, consistente en la suspensión de las operaciones comerciales que realiza hasta tanto se culmine con la investigación”, indica un comunicado de prensa.

La instancia, presentada por Ramona Santana Uceta, fiscal interina de Monte Plata, y los fiscales Yalitza Maralay Martínez Acosta, Félix T. Heredia Heredia y Ángela Contreras Albuez, establece que García Peguero incurrió en la violación de los citados hechos previstos y sancionados de conformidad a la calificación jurídica provisional de los artículos 307 y 405 del Código Penal Dominicano.

La nota indica que el Ministerio Público gestionó el 9 de noviembre la orden de arresto contra García Peguero. En respuesta, Carmen Daniela Araújo, juez titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, emitió la orden 668-2022-SAJP-01389 contra el imputado, quien fue arrestado el miércoles 30 en el Palacio de la Policía Nacional. 

Las autoridades establecen que Mantequilla captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operó en un local comercial y en una residencia del municipio Sabana Grande de Boyá, y sobre la que las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal.

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