Coinciden en que políticas de seguridad del Gobierno no han sido efectivas

El jurista y expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Subero Isa y el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Alexis Isaac Jiménez sugirieron ayer al gobierno no adoptar medidas aisladas para combatir el problema de la inseguridad ciudadana.

Al ser entrevistados, por separado sobre el tema, coincidieron en reconocer que la política criminal implementada no ha sido efectiva.

Subero Isa manifestó que está “profundamente preocupado” por la inseguridad ciudadana que afecta al país.

Cree que con el tiempo que ha transcurrido, desde las medidas implementadas por las autoridades, debió verse una mejoría.

Consideró que los problemas de la inseguridad ciudadana, como la criminalidad, violencia y delincuencia, son multicausales.

Precisó que realizar una reforma efectiva de la Policía Nacional es una tarea pendiente en la República Dominicana desde hace muchos años y que esa institución tiene debilidades desde su creación.

Sobre limitación de venta de bebidas

Sobre la resolución 007-22, dictada por el Ministerio de Interior y Policía, que restringe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo la consideró ineficaz porque contribuirá a que los crímenes se trasladen a las zonas donde no existe ese tipo de limitaciones.

Dijo que está en contra de esa disposición porque es aislada e instó a las autoridades a impulsar medidas holísticas e integrales a fin de que sean efectivas.

Mientras que el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Isaac Jiménez, recomendó invertir más en programas para prevenir la delincuencia, al responder preguntas de los periodistas.

Precisó que constituye una deuda pendiente desde hace muchos años invertir en la ciudadanía, sobre todo, en la juventud.

Para él se deben impulsar acciones en conjunto desde el gobierno con la participación de la sociedad civil a fin de analizar y buscar soluciones al problema de la inseguridad que afecta el país.

No es inconstitucional

Sobre la resolución 007-22, el diputado perremeísta Alexis Jiménez dijo que la rechazaba aunque aseguró que no es cierto que se trate de una decisión inconstitucional.

El congresista habló en alusión a la acción de amparo por supuesta inconstitucionalidad de la medida, incoada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que será conocida por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que aplazó la audiencia para tratar ese recurso para el próximo miércoles 23 de este mes.

“Esa medida no es verdad que es inconstitucional. El tema es que aquí hay que poner orden. Que la medida sea en una provincia, yo no estoy de acuerdo con la medida, tengo que decirlo. Ahora, debió ser una medida que se analizara con los actores, que se le explicara el por qué y que no fuera solamente aislada”, reflexionó el legislador.

La reunión  con los dueños de negocios

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, dijo que los dueños de negocios que expenden bebidas alcohólicas deberán comprometerse con la aplicación de una serie de normas y controles en esos establecimientos para consensuar posibles variaciones en las restricciones de horario impuestas por sobre la resolución 007/22 de esa institución que prohíbe su venta y consumo de alcohol en la provincia Santo Domingo después de la medianoche de lunes a domingo

“Le hemos planteado una serie de temas que tienen que mejorar en el entorno y en los negocios donde ellos son propietarios. Lo que les hemos dicho a ellos es que hagan una propuesta, ellos tienen algunos temas, entonces, vamos a recibir la propuesta y nos vamos a reunir el martes para discutir los temas”, dijo Jesús Vásquez al informar sobre lo tratado en una reunión sostenida este martes en su despacho con representantes del sector.

Explica que son ocho los puntos que deberán cumplir esos comercios, entre las que se encuentra la instalación de detectores de armas de fuego y metales, la instalación de cámaras de seguridad a las que puedan acceder las autoridades, alumbrar todo el frente de los establecimientos, sus parqueos y perímetro de sus locales, garantizar la colaboración con la Dirección general de control de bebidas alcohólicas (COBA) para ser inspeccionados, que no se permita la entrada a menores de 18 años y prohibir el ingreso estos establecimientos de sustancias controladas.

Otros de los puntos a los que deben comprometerse los dueños de centros nocturnos son garantizar que en esos negocios no se vendan bebidas alcohólicas adulteradas, suspender el consumo a los clientes en notorio estado de embriaguez y promocionar mensajes que promuevan el respeto a la vida y al consumo responsable de estas.

“Nosotros tenemos el mapa de calor. La medida que hemos tomado en la provincia Santo Domingo es como consecuencia de que se incrementó el delito y el crimen en esa provincia”, reiteró el funcionario, quien aseguró que los propietarios de los negocios afectados entendieron esa situación.

Este martes a su salida de la reunión con el ministro de Interior y Policía, que empezó a las 9:00 de la mañana y concluyó pasadas las 12:00 de la tarde, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván de Jesús García, dijo que los afectados y el Ministerio de Interior debatieron algunos puntos y que serían plasmadas por escrito para volverlas a analizar en otra reunión que sostendrán el martes nuevamente en el despacho de Jesús Vásquez a las 10:00 de la mañana.

La resolución 007/22 fue emitida el día cuatro del presente mes, se inició a aplicar es pasado día ocho   y desde entonces ha concitado amplio rechazo de distintos sectores.                                                      

Sobre la resolución el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Primero Justicia sometieron un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en el que la califican de inconstitucional, abusiva, discriminatoria y atentaría en contra de las libertades públicas. El recurso será conocido el día 23 del mes en curso luego que fuera aplazado este jueves a solicitud del Ministerio de Interior.                  

La disposición se aplica en Santo Domingo Este, Norte y Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Boca Chica y Guerra.

En el encuentro participaron el presidente de la Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (Udcend), Junior González, el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras y otros representantes de los centros de diversión.

Gobernadora critica a los jueces

Este jueves la gobernadora de la provincia de Santiago, Rosa Santos, cuestionó el papel de los jueces y el Ministerio Público ante el actual auge de hechos criminales y delictivos que afecta la ciudad.

Según dice, el órgano acusador y el Poder Judicial dejan en libertad a los malhechores que son apresados por los agentes de la Policía Nacional.

“Nosotros, a parte del patrullaje, de la vigilancia y el control, necesitamos que los fiscales y los jueces hagan su trabajo, porque la Policía agarra a los delincuentes y al momento los sueltan”, afirmó.

La representante del presidente de la República, Luis Abinader, en Santiago sostuvo que la falta de acción de los funcionarios judiciales desmoraliza a los miembros del cuerpo del orden, quienes arriesgan sus vidas para cuidar a la población.

Expresó la necesidad de que el Ministerio Público agilice los procesos y someta a los antisociales que la uniformada lleva con las pruebas pertinentes.

Califica como injusto que le atribuyan a la Policía Nacional la actual ola de hechos criminales y delictivos que afectan a Santiago.

Varían coerción

En la provincia de Santiago el juez Job García, del Segundo Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial, varió la medida de coerción de prisión preventiva, por una garantía económica de dos millones de pesos a uno de los agentes de la Policía Nacional acusados de matar a golpes a Richard Báez (el Peluquero).

El tribunal dispuso que el capitán Manolo Aquino, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, pague la referida suma a través de una compañía aseguradora.

Además, impuso al imputado orden de alejamiento del sector donde residía la víctima (Cienfuegos).

El capitán Aquino es uno de tres miembros de la uniformada acusados de agredir brutalmente en un destacamento del cuerpo del orden a Richard el Peluquero, quien falleció producto de la paliza.

También está imputado el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez, quien guarda prisión por el hecho.

Mientras que el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz está en libertad, tras el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora.

Según el expediente, los agentes policiales formaban parte de una patrulla motorizada que efectuaban un operativo preventivo en Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, en donde detuvieron a Báez.

Los policías imputados llegaron incluso a trasladar a la víctima al hospital de Cienfuegos, en donde un médico lo atendió.

Tirotean cárcel de Puerto Plata

Precisamente este jueves desconocidos tirotearon, próximo al mediodía, la parte frontal del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe en la provincia Puerto Plata.

No hay reportes de personas heridas producto del ataque. El portón del centro penitenciario presenta varios impactos de proyectil.

Oficiales del Dirección Central de Investigación Criminales (Dicrim) en compañía del procurador general de la Corte de Apelación de Puerto Plata, magistrado Isidro Fabián Beltré, realizan las investigaciones de lugar.

Los investigadores encontraron en la escena 12 casquillos de bala.

También las autoridades penitenciarias investigan el tiroteo que se registró este jueves, informó la Procuraduría General de la República.  Según un informe preliminar, un individuo de identidad desconocida se aproximó a la 11:35 de la mañana a la puerta principal y realizó varios disparos hacia el interior del recinto, impactando la puerta frontal con al menos 13 disparos y el edificio administrativo con tres.

De acuerdo con la nota de la Procuraduría, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) indicó que luego del incidente se presentaron a la cárcel varias autoridades del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.