Finjus: no es necesario reformar la ley para crear Ministerio de Justicia

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, consideró hoy que la propuesta del presidente Luis Abinader sobre crear un Ministerio de Justicia es favorable para el país y su conformación no amerita una reforma constitucional. “No es necesario reformar la ley para crear un Ministerio de Justicia”, dijo.

Castaños precisó que el objetivo principal de la creación de ese ministerio es desligar al Ministerio Público y al Poder Judicial de “funciones que no le son propias” como el manejo de bienes incautados, la administración de los centros penitenciarios y el tema de las multas o revisión de exequaturs.

En ese orden, precisó que es la propia Constitución la que da la facultad de transferir estas funciones a otras instancias del Estado y estimó que alrededor del 60 % del presupuesto del Ministerio Público se gasta en la administración de recintos penitenciarios, gestión que no debe ser responsabilidad de la Procuraduria, sostuvo.

Al conversar con la prensa, durante una actividad realizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), el vicepresidente de la Finjus expresó estar de acuerdo en consensuar la propuesta en el Congreso Nacional, ya que en el Poder Legislativo reposa un proyecto de ley que busca crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa concebida hace un año por el senador Félix Bautista.

Comentó que otros países cuentan con entidades gubernamentales para la justicia, lo que favorece el desempeño del sector público en tema judiciales. Acotó que en el país ya existía un Ministerio de Justicia que fue abolido en 1964 y sus funciones transferidas a otras instituciones, por lo que valoró la propuesta presidencial de crear una nueva institución judicial.

Ayer el presidente Luis Abinader anunció que someterá a la consideración de la sociedad civil un anteproyecto de ley que busca crear un Ministerio de Justicia, cuyo propósito es despojar al Ministerio Público de funciones administrativas ajenas a su naturaleza.