Inaipi suspende todo el personal del Caipi Pueblo Nuevo donde murió niño
Permanecerá suspendido hasta que el proceso judicial por la muerte del niño Maikel Castro concluya
La dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Besaida María Santana Sierra, suspendió este domingo a todo el personal que labora en el Caipi Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, provincia Duate, hasta que concluya el proceso judicial en curso por la muerte del menor Maikel Esmil Castro Álvarez en sus instalaciones.
A través de un comunicado, la institución dijo que se rige por protocolos de actuación que garantizan la eficiencia del modelo de atención y que condena “cualquier inobservancia a estos protocolos por parte del personal que tiene a su cargo la atención integral de nuestros infantes”.
Además, afirmó que el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal cumple a cabalidad con los criterios establecidos en los perfiles requeridos para la contratación de servidores.
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Informó que implementan un amplio programa de formación y actualización continua para fortalecer las competencias de sus colaboradores.
El Inaipi reiteró su solidaridad con la familia de Maikel Esmil Castro Álvarez.
La muerte del niño de un año y 10 meses de edad en el Caipi Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, ocurrió el pasado 2 de septiembre, "mientras se encontraba jugando con un carro que estaba dentro de un cubo con un aproximado de 70 centímetros de un líquido incoloro que se presume que es agua", conforme al informe del Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.
El juez Dalvin López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte, dictó dos meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de dos de las cinco empleadas imputadas.
El magistrado López envió a la cárcel a Rosmery Cross Olivo, maestra, y Katerin Castaño Bautista, asistente de la maestra.
Mientras que fueron favorecidas con la libertad pura y simple Carmerys Liriano de Candelier, encargada administrativa; Elena Hernández Muñoz, técnico territorial; y Yanina Rojas Moronta, coordinadora de agente educativo.
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